La consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció ayer en el Parlamento que el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Marbella han alcanzado un acuerdo para la cesión de un inmueble que albergará los juzgados del municipio, repartidos en la actualidad en sedes ubicadas en las avenidas Mayorazgo y Arias de Velasco y la calle Doha. El acuerdo contempla que el Ayuntamiento cede a la Junta un edificio de 15.000 metros cuadrados a medio construir con acceso desde la autovía A-7 próximo al hospital Comarcal Costa del Sol y que fue propiedad del exasesor de Urbanismo condenado en el caso Malaya, Juan Antonio Roca.

La consejera señaló que, una vez el equipo de gobierno de Marbella culmine los trámites para la cesión del edificio, ambas administraciones firmarán un protocolo general de actuación para que la Junta unifique las sedes judiciales en el inmueble.

Tras la firma del acuerdo, seguirán los trabajos para adecuar el edificio a su uso como equipamiento judicial, señaló Aguilar. «Es un momento de enorme satisfacción para esta Consejería, porque supone un avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita», indicó.

Este acuerdo responde al pacto alcanzado por el Ayuntamiento de Marbella y el Ministerio de Hacienda para revertir a la ciudad costasoleña los bienes incautados al considerado cerebro de una de las mayores tramas de corrupción que han tenido lugar en España.

El grupo parlamentario Ciudadanos destacó en una nota de prensa que fue el diputado Carlos Hernández quien elevó la cuestión a una comisión de Justicia y en cuya respuesta la consejera anunció el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para darle una solución definitiva a los juzgados de Marbella.

Según Hernández, el grupo parlamentario de la formación naranja y la agrupación de Marbella han solicitado desde octubre a la Junta que busque una alternativa para la situación en la que se encuentran los juzgados de Marbella. «Ciudadanos ha arrancado el compromiso de la Junta para que los juzgados de la localidad se ubiquen en una sede única», anunció la formación naranja.

El coste del alquiler de las dependencias judiciales de Marbella ronda los 500.000 euros al año, cuantía a la que se suman los gastos de seguridad, limpieza o servidores informáticos, según Ciudadanos.

Entre las voces que han pedido una solución para los juzgados de Marbella destaca la del decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, que a finales de noviembre instó a las administraciones públicas a que «aceleraran» la búsqueda de un inmueble que agrupara a las sedes judiciales.