El PSOE de Marbella ultima una querella contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que presentará ante el Tribunal Supremo (TS) para intentar apartar al juez de Instrucción de Primera Instancia del caso PGOU, en el que se investiga una supuesta falsedad en el acta del pleno de julio de 2009 en el que la corporación municipal aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de 2010. Muñoz está denunciada en la causa y, al ser aforada por su condición de senadora, sólo podría comparecer ante el alto tribunal.

El TS asumiría las actuaciones si aceptara a trámite la querella y forzaría al juez instructor, que archivó el caso en agosto, a inhibirse, según publica el digital Marbella Confidencial.

Muñoz es la única denunciada en la causa tras el fallecimiento del exvicesecretario municipal Javier de las Cuevas y el archivo de la querella contra la exconcejala de Urbanismo Alba Echevarría.

La medida es la primera que adopta el jurista Mariano Benítez de Lugo, cuya contratación anunció el PSOE a finales de abril para que asumiera la representación legal de la formación socialista en la jurisdicción penal.

Benítez de Lugo pertenece al despacho Themis Consultores y es presidente honorario de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, a la que ha representado como acusación popular en el juicio de la trama Gurtel y en el que interrogó a Mariano Rajoy en calidad de testigo.

«Este caso, como otros, están depositados en el despacho de Benítez de Lugo. Nadie mejor que él para saber cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para que se haga lo que nosotros entendemos que es justo en Marbella», señaló ayer el concejal socialista José Bernal a La Opinión de Málaga.

El edil y Benítez de Lugo se reunirán en una semana en Madrid o Marbella para abordar la querella que el PSOE presentará ante el TS.

La iniciativa del PSOE está «respaldada por los informes de la Audiencia Provincial de Málaga y Fiscalía», indicó Bernal, que aseguró que la formación socialista «seguirá haciendo lo que nuestro letrado nos diga qué es lo más adecuado».

La Audiencia Provincial ordenó al juez instructor en un auto elaborado el 15 de marzo que reabriera la causa al considerar «precipitado» el archivo y tomara declaración en calidad de testigos a las dos personas que, según el exvicesecretario municipal, hicieron la transcripción del vídeo de la sesión plenaria y a los exconcejales Susana Radío, del PSOE, y Diego Eyzaguirre, del PP.

El fiscal jefe de Área de Marbella señaló en un escrito del 13 de abril que «procede» remitir la causa a la Sala de lo Penal del alto tribunal.

El fiscal indicó en el escrito que «se deducen fundados indicios o dotados de mínima verosimilitud para considerar la presunta participación de Ángeles Muñoz en el delito investigado de falsedad documental» y se mostró contrario a archivar el caso, como solicitó la defensa legal de la regidora, ya que «existen sobrados indicios de la presunta comisión del delito de falsedad».