El Juzgado de Instrucción Número 3 de Marbella ha autorizado al grupo municipal socialista a que se persone como acusación popular en la causa en la que se investiga contrataciones de alta dirección en el Ayuntamiento que realizó el PP entre 2007 y 2015, anunció ayer el concejal del PSOE, José Bernal.

El grupo municipal socialista aportó el lunes 6.000 euros para personarse en la causa, según indicaron a La Opinión de Málaga fuentes de dicha formación. El Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal también están personados en el caso.

El juez adopta la decisión tras atender unos informes que le trasladó la Fiscalía y apreciar posibles delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos, según señaló el concejal socialista.

El letrado que representará al principal partido de la oposición en el Ayuntamiento será el abogado José Mariano Benítez de Lugo, a quien el PSOE contrató en abril para defender los intereses de la formación en la jurisdicción penal. Benítez de Lugo fue el representante legal de la acusación popular en el caso Gürtel y, destacó Bernal, logró que el expresidente Mariano Rajoy se sentara en el banquillo por esa causa.

El PSOE, entonces al frente del Ayuntamiento junto a IU y OSP, puso en conocimiento de la Fiscalía a principios de 2017 la contratación en el Ayuntamiento de doce cargos de alta dirección durante los anteriores mandatos de Ángeles Muñoz al considerar que se habían producido de forma irregular.

El grupo municipal socialista alegó entonces sentencias judiciales en tribunales de lo Social e informes en los que técnicos municipales señalaban que las contrataciones generaron a las arcas del Ayuntamiento un perjuicio de más de 300.000 euros al año.

De los doce cargos con contratos de alta dirección, ocho lograron reincorporase al Ayuntamiento «de por vida», según señaló Bernal ayer, tras sentencias judiciales favorables y los otros cuatro percibieron importantes indemnizaciones.

Los doce cargos contratados declararán ante el juez de Primera Instancia los días 11, 18 y 25 de septiembre «para dirimir quién es el autor y responsable de la comisión de los delitos», señaló el portavoz del PSOE.

Los contratos son «un claro ejemplo de enchufismo» del PP ya que, según Bernal, se realizaron «en fraude de ley al carecer de un proceso selectivo y haberse encadenado sucesivas prórrogas en fraude de ley, como señalan las sentencias judiciales en firme en los tribunales de lo Social».

El grupo municipal socialista sostiene que Muñoz es la responsable de las contrataciones ya que ella firmó los contratos y, según Bernal, así lo señalaron algunos trabajadores en los juzgados de lo Social. La regidora está aforada por ser senadora por lo que sólo respondería ante el tribunal Supremo. «Cuando uno lee la documentación y el procedimiento sabe que la señalada es la regidora. Muñoz tiene que, de una vez por todas, dar la cara ante los juzgados y no parapetarse en su condición de aforada», indicó el edil.

El equipo de gobierno declinó ofrecer su postura a pesar de las peticiones de este diario.