La exconcejal del PSOE Susana Radío ha asegurado este miércoles ante el juez que instruye el caso 'PGOU', en el que se investiga una presunta falsificación del acta del pleno municipal del pleno municipal en el que la Corporación aprobó provisionalmente el plan urbanístico de 2010, que el grupo socialista "no sabíamos qué cambios se introdujeron a última hora" en la documentación relacionada con el planeamiento. "Aún, a día de hoy, no sé en qué han consistido las modificaciones entre lo que se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo (que se celebró dos días antes del pleno) y lo que finalmente se ha tramitado", ha señalado la exedil, que ha comparecido en calidad de testigo.

Antes de la declaración de Radío se ha producido, también en calidad de testigo, la del exconcejal 'popular' Diego Eyzaguirre, que ha asegurado que los hechos que investiga el juez "ocurrieron hace nueve años y no me acuerdo de nada". "Yo era el concejal de Tráfico y estaba en el día a día del trabajo. Me dijeron que hubo un problema a posteriori y confié en los técnicos de Urbanismo", ha indicado.

Junto a los dos exconcejales han prestado sus testificales las dos funcionarias municipales que transcribieron el acta de aquel pleno.

El juez de Instrucción ha tomado declaraciones a los dos exconcejales y las dos funcionarias después de que la Audiencia Provincial se lo ordenara.

Elevar la causa al Supremo

El portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal, anunció que los servicios jurídicos de su formación han pedido que el Tribunal Supremo asuma el caso PGOU ya que la única señalada es la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que está aforada al ser senadora y , por tanto, no puede ser enjuiciada por un tribunal ordinario.

Bernal indicó que el letrado del grupo municipal socialista, José Mariano Benítez de Lugo, ha solicitado al juez instructor que suspenda las declaraciones testificales de los exconcejales Susana Radío, del PSOE, y Diego Eyzaguirre, del PP, y las dos funcionarias que transcribieron el acta de la sesión plenaria de 2009, previstas para ayer.

«La suspensión que hemos solicitado tenía como objetivo que el juez instructor reflexionara con tiempo sobre los argumentos del fiscal (que considera que se debe remitir al Supremo esta causa), que hace suyos el PSOE. Ahora sólo cabe actuar contra la alcaldesa, que está aforada, en el Tribunal Supremo», agregó el concejal socialista y exalcalde.