La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer el inicio de once innovaciones en el PGOU de 1986, cuya adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) culminó el pasado viernes en el pleno de julio, para poder destinar suelos del municipio a equipamientos públicos.

Entre los cambios urbanísticos figura el que permitirá cambiar la calificación de la parcela anexa al Hospital Comarcal Costa del Sol, que pasará de zona verde a sistema general y equipamiento institucional. Se trata de un terreno procedente de bienes recuperados en casos de corrupción con sentencia firme en el que el Ayuntamiento ha proyectado construir la Ciudad de la Justicia, por lo que, una vez modificada la calificación, se cederá a la Junta de Andalucía para que inicie el proyecto. «De forma paralela, vamos a trabajar para que, cuando termine el procedimiento, pase a ser de la Junta y se comprometa a sacar adelante la infraestructura judicial», explicó Muñoz.

También se ha impulsado la modificación para que el suelo en el que se ubica la finca La Caridad, de 81.000 metros cuadrados de superficie, pase de ser no urbanizable agrícola a sistema general de equipamiento y albergar así un complejo deportivo.

Además, se cambiará la calificación de la Finca Siete Corchones, de 123.000 metros cuadrados de superficie, y del helipuerto, de 13.800 metros cuadrados, para que alberguen equipamientos públicos aún por determinar.

Estos cuatro bienes fueron incautados al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

Otra de las innovaciones urbanísticas permitirá crear una subestación eléctrica en el polígono industrial de San Pedro. Se trata de una parcela de 2.000 metros cuadrados de superficie cuya calificación pasará de industrial a equipamiento general de infraestructura. «Así, podremos dar salida a suelos que ahora están paralizados y otorgar licencias de apertura y primera ocupación a naves que, por falta de potencia eléctrica, no podían conseguirla», indicó la regidora.

El gobierno local regularizará también los inmuebles que se normalizaron en el PGOU de 2010, anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2015. Son promociones legales que cuentan con licencia de primera ocupación pero que, según el PGOU de 1986, figuran como fuera de ordenación.

«Por otra parte, adaptaremos a la legalidad los parámetros de los suelos que, por sentencia o pronunciamiento administrativo, se han convertido en urbanos consolidados», agregó la regidora.

Además, una modificación permitirá un acceso a la playa en la urbanización Los Monteros; otra servirá para ordenar los terrenos de la zona sur de San Pedro; un cambio posibilitará una sede del destacamento de la Guardia Civil de Tráfico en un local municipal junto a la Estación de Autobuses; y se ordenará una parcela que colinda con el casco antiguo y que se utiliza para el aparcamiento de vehículos.