02 de octubre de 2018
02.10.2018
La Opinión de Málaga
Hacienda

El PP no sabe cuándo publicará la cuantía de los fondos judiciales

La Agencia Tributaria reclama al Ayuntamiento parte de ese dinero para pagar deudas con Hacienda

02.10.2018 | 05:00
Félix Romero.

El portavoz municipal, Félix Romero, eludió ayer concretar la fecha de publicación en la web del Ayuntamiento del importe de los fondos que, según el equipo de gobierno, ha logrado recuperar de los casos de corrupción con sentencia firme. «Lo haremos en cuanto lo podamos hacer», señaló.

El concejal aseguró que el equipo de gobierno está centrado en materializar los resultados de una encuesta que puso en marcha hace dos semanas y terminó el pasado viernes en la que los vecinos opinaron sobre el orden de ejecución de 20 proyectos propuestos por el Ayuntamiento. Precisamente, la intención del gobierno local es financiar estas obras con los fondos procedentes de las causas judiciales.

La oposición insta al equipo de gobierno a que haga público el importe, medida aprobada por la corporación municipal en pleno, después de que el Ejecutivo local admitiera el viernes que la Agencia Tributaria reclama los doce millones de euros relacionados con el caso Malaya que el juez José Godino entregó en junio a la regidora, Ángeles Muñoz. A pesar de la reclamación de Hacienda, el equipo de gobierno ha anunciado proyectos y puso en marcha la encuesta de opinión.

El PSOE insistió ayer en que el Ayuntamiento carece de los fondos y acusó a la alcaldesa de «orquestar una campaña para huir hacia adelante y tapar su nefasta gestión. La campaña de propaganda de Muñoz le ha llevado a anunciar proyectos, incluso el resultado de una encuesta, cuando sabía a ciencia cierta que no disponía de esos fondos», señaló el concejal, Manuel García.

Según el PSOE, Muñoz «se precipitó y se hizo la foto» con Godino antes de que entraran en vigor los Presupuestos Generales de 2018, que contemplan una disposición que permite al Ayuntamiento destinar los fondos procedentes de casos de corrupción a equipamientos públicos y no al pago de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

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