El movimiento segregacionista de San Pedro ha abierto un periodo de reflexión para decidir qué hacer después de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso de amparo que la Comisión Promotora de la Segregación y Creación del Municipio de San Pedro Alcántara planteó sobre la separación del núcleo urbano respecto a Marbella.

A siete meses de las elecciones locales, el colectivo se debate entre apurar la vía judicial y acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recurso que debería presentar un vecino a título personal antes de seis meses, o recurrir a la vía política y reactivar un partido, ISP, que obtuvo dos concejales en las elecciones municipales de 1991, las primeras a las que concurrió el GIL.

«Se tiene que abrir la vía política porque la reivindicación de tener un Ayuntamiento propio está ahí», señala el presidente de ISP, José Luis Pérez Granados. A su juicio, la corporación municipal de Marbella carece de un grupo político que defienda los intereses del movimiento segregacionista de San Pedro. «Lo único que hay es un grupo sampedreño que dice que es muy independentista y, un rato después, dice que lo mejor es estar juntos (con Marbella), que es el mismo mensaje que en su día lanzó el GIL», señala Pérez Granados en referencia a OSP, que gestiona la Tenencia de Alcaldía de San Pedro y gobierna el municipio en coalición con el PP. «Tiene que haber un grupo sampedreño que, en su momento, tenga la capacidad suficiente como para obtener el acuerdo del Ayuntamiento para abrir otro expediente (de segregación)», agrega.

Para el expresidente de ISP, Manuel Fernández Valdivia, la formación política «tendría que haberse presentado a todas y cada una de las elecciones municipales. En su momento, tuvimos la mayor representación de personas de San Pedro en el Ayuntamiento de Marbella y fuimos el partido sampedreño que más votos ha obtenido hasta la fecha», señala.

Tras el dictamen del TC, que se suma a las sentencias en contra del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), «se me secará la boca de decir que hay que continuar en política luchando por el expediente de segregación».

Las abogadas de la comisión promotora señalaron a mediados de abril, tras la sentencia del TS, que la separación de San Pedro sería muy difícil por la vía judicial y que la municipalidad del núcleo de población es una decisión puramente política. «Si la Junta de Andalucía hubiera dicho sí en el decreto a la independencia de San Pedro, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo le habría parecido bien», señalaron.

Desde el punto de vista de las letradas, las fundamentaciones en los temas de segregaciones son políticas. «Los razonamientos son políticos. Si hay voluntad política, se puede conseguir la segregación», apuntaron.