El portavoz del PSOE de Marbella, José Bernal, reclamó ayer que el jefe de servicio de Patrimonio Municipal sea el que realice la valoración de las cuatro plantas libres que el equipo de gobierno pretende adquirir en el edificio que alberga la Delegación de Urbanismo, que ya ocupa las otras tres plantas del inmueble.
Si el expediente carece de la tasación del responsable municipal o figura la de un ente ajeno del Ayuntamiento «el gobierno local tendrá que dar muchas explicaciones» sobre el procedimiento por el cual la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quiere hacerse con la totalidad de «un edificio que pertenece a una empresa cuyos socios son el alcalde de Estepona, José María García Urbano; una empresa constructora, y al prófugo del caso Malaya Juan Hoffmann -el alcalde de Estepona niega que éste último forme parte de la sociedad-. No nos vale cualquier valoración. Queremos la del jefe de Patrimonio. Tiene que ser esa», indicó el concejal.
Según Bernal, el equipo de gobierno cuenta «desde hace meses» con una valoración de las cuatro plantas pero no lo ha trasladado a la oposición.
Bernal aseguró que el único documento relacionado con la adquisición del inmueble al que ha tenido acceso la oposición es la modificación presupuestaria para obtener fondos que el gobierno local elevó al pleno de octubre sin dictaminar y que, tras petición de IU, dejó sobre la mesa.
La modificación presupuestaria suponía detraer fondos de dinero destinado a obras municipales y viviendas de protección pública por importe de tres millones de euros, aunque el grupo municipal socialista intuye que el coste de la operación será más elevado.
Las sospechas del PSOE surgen después de que el concejal del PP de Marbella Cristóbal Garre asegurase en un programa de televisión que el gobierno local utilizará fondos recuperados de multas judiciales para pagar el edificio. «La modificación de crédito que nos consta a nosotros es la que se iba a destinar a vivienda pública y de obras, pero desconocemos si existe otra partida que venga del dinero de las multas, por lo que exigimos transparencia. No sabemos cuál es la partida completa», reclamó Bernal.
El PSOE sospecha también, tras las declaraciones de Garre, que el equipo de gobierno habría celebrado una comisión de Hacienda para abordar la adquisición del inmueble sin convocar a la oposición.
Según edil del PSOE, la cuatro plantas ruinosas que quiere adquirir la alcaldesa, del mismo color político que el regidor de Estepona, están en una situación irregular tras la anulación a finales de 2015 del PGOU de 2010, lo que dificulta su venta, por lo que la operación es una «trama entre amigos para solucionar un problema gordo» de Nuevos Aires 2002 S.L.
El edificio, señaló Bernal, está acorde al PGOU de 1986 porque está en suelo destinado a servicio institucional, pero no las cuatro plantas que quiere adquirir el Ayuntamiento, porque albergan viviendas.
El portavoz del gobierno local, Félix Romero, acusó a Bernal de decir sin ningún rubor que el edificio es irregular «cuando saben perfectamente que ese edificio, cuyos terrenos están identificados en el PGOU de 1986 como Sistema General de Equipamiento Institucional, se regularizó en marzo de 2015 tras cumplir con las cargas urbanísticas impuestas para su normalización».
La candidata socialista a la Alcaldía de Estepona, Emma Molina, señaló que el testaferro de la empresa del edificio es el marido de la concejala de Urbanismo, Ana Velasco, y que la constructora socia de Nuevos Aires 2002 S.L. ha obtenido contratos del Ayuntamiento por un importe de unos 30 millones de euros desde que García Urbano gobierna en Estepona, entre ellos el de la construcción del Orquidiario o el de una pista de atletismo.
El Ayuntamiento de Estepona aseguró que el PSOE adjudicó a la constructora durante su gestión al frente del Consistorio obras por más de 12 millones de euros. «El PSOE vuelve a la actitud mezquina al intentar sembrar sospechas en relación con las adjudicaciones a la empresa Bonifacio Solís», apuntó el Consistorio, que anunció acciones legales contra la edil por posibles delitos de injurias y calumnias al poner en cuestión, según él, adjudicaciones hechas por funcionarios municipales a la constructora.
