El Ayuntamiento ha dado luz verde al protocolo general de actuación que suscribirán el Consistorio y la Consejería de Justicia para la cesión del edificio que albergará el Palacio de Justicia de Marbella.
El documento se llevará a Junta de Gobierno Local con el objetivo de suscribir en las próximas semanas un acuerdo por el que ambas administraciones se comprometen a impulsar las acciones dirigidas a que el inmueble, propiedad del exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, que se enmarca entre los bienes recuperados por el Ayuntamiento procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firme, se convierta en la sede que reúna todos los juzgados de la ciudad.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha destacado que "se siguen dando los pasos necesarios para que Marbella cuente por fin con un Palacio de Justicia que permita unificar todas las sedes judiciales y acabar con la situación que se vive desde hace años, con los juzgados dispersos y en unas condiciones muy mejorables, poco acorde con las necesidades de un municipio con el volumen de litigiosidad que genera una población de más de 150.000 habitantes".
La alcaldesa ha recordado que "desde el primer momento teníamos claro que ese edificio podía cumplir con las necesidades para albergar el Palacio de Justicia y expresamos nuestra intención y nuestro compromiso de cederlo a la Junta de Andalucía, competente en materia de justicia, para que este proyecto se hiciera realidad, pero para ello hubo que incluir una disposición final en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 que nos permitiera recuperar los bienes incautados a los condenados por casos como Malaya o Saqueo I y II".
Muñoz ha resaltado también la respuesta favorable y la implicación de la Consejería de Justicia a la propuesta del Ayuntamiento, así como de la Audiencia Provincial, los jueces y los fiscales, y ha explicado que, una vez que el Consistorio disponga de la edificación, ubicada en la parcela El Alicate y Siete Revueltas, en el entorno del Hospital Costa del Sol, se tramitará la modificación urbanística para que el inmueble, como equipamiento público, se ceda a la Junta para su rehabilitación y creación de la nueva sede judicial.
El protocolo de actuación recoge que las infraestructuras destinadas a albergar los órganos judiciales y fiscales y los servicios de la Administración de la Justicia que tienen en la actualidad sede en Marbella "adolecen de una gran dispersión y falta de espacio, lo que dificulta la eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía y conlleva un incremento de los gastos necesarios para su mantenimiento".
El documento recuerda también que el Ayuntamiento, gracias a la citada disposición final de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, va a incorporar al Patrimonio Municipal de Suelo el inmueble, actualmente en desuso y compuesto de seis plantas y tres sótanos que cuenta con edificaciones en su interior aptas para su rehabilitación y uso administrativo.
El protocolo establece que el Consistorio impulsará los trámites técnicos y administrativos necesarios para la puesta a disposición de la Consejería de Justicia del edificio en las condiciones que permitan que la Junta pueda llevar a cabo su rehabilitación y su destino a uso judicial. Por su parte, la Administración autonómica se compromete a diseñar el proyecto de obras y hacerse cargo de los gastos de rehabilitación, así como al mantenimiento, equipamiento, funcionamiento y conservación del edificio.
