La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció ayer que en las próximas semanas saldrá a licitación la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, con el objetivo de «garantizar y dotar de seguridad jurídica al urbanismo».

La regidora, que participó en la inauguración de la Jornada sobre «Seguridad jurídica en el urbanismo», organizada por la revista de Derecho Urbanístico, en colaboración con el Ayuntamiento, recordó que la prioridad del equipo de gobierno «siempre ha sido dotar a la ciudad de las herramientas necesarias para que el desarrollo y el crecimiento no se frenara».

En este sentido, destacó algunos de los trámites que se han impulsado en los últimos meses, como la aprobación del texto refundido, la adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) o el visto bueno a las normas urbanísticas. «En la actualidad, teniendo en cuenta todos los criterios objetivos y técnicos, el Ayuntamiento licitará en estas próximas semanas el pliego que nos permitirá que ahora sí la ciudad pueda tener un plan general hecho por, para y desde Marbella y contando con los ciudadanos, los vecinos y con los grandes profesionales que estoy convencida colaborarán en la redacción de este planeamiento», señaló.

Tras agradecer la celebración de esta jornada, confió en que las conclusiones sirvan a todos «como punto central de debate y de desarrollo dentro del ámbito urbanístico, tan necesario para todas las ciudades».

El futuro PGOU sustituirá al Plan de 1986, que la Corporación municipal tuvo que recuperar después de que el Tribunal Supremo anulase, en una sentencia emitida a finales de 2015, el PGOU de 2010.

El Supremo estimó los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechazaron sus impugnaciones contra la revisión del PGOU de 2010.

El Alto Tribunal, a través de tres sentencias, señaló que no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido; que no cumplía las normas de evaluación de los efectos medioambientales; y carecía de un informe de sostenibilidad económica.

El Supremo reconoció la situación de «generalizada ilegalidad urbanística existente en el municipio de Marbella, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo al margen o contra lo previsto en el anterior PGOU del municipio de 1986».

El Alto Tribunal aseguró ser consciente del intento municipal y autonómico para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad, plasmado en la Revisión del PGOU de 2010. «A pesar del loable intento normalizador, nuestra obligación es el control de la legalidad de la revisión de 2010», agregó en una sentencia.

La recuperación de la seguridad jurídica del urbanismo es uno de las principales ámbitos de actuación de la Corporación municipal desde la anulación del PGOU de 2010.