El Ayuntamiento de Marbella llevará al pleno de carácter extraordinario que la Corporación municipal celebra mañana una norma para permitir la construcción para dar respuesta a las necesidades del sector. La medida obliga a modificar las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 con objetivo de reactivar, modificar y modernizar el tejido productivo de la ciudad, según anunció ayer el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, presentó la norma en un desayuno con empresarios del polígono industrial La Ermita. «Nuestro propósito es posibilitar que aquellos empresarios que tienen la necesidad de rehabilitar y ampliar su negocio para mejorarlo y modernizarlo puedan hacerlo sin tener que construir nuevas naves, sin modificar la fachada y sin que compute a efectos de edificabilidad, tal y como ocurre en otros lugares de Andalucía», señaló la regidora.
El objetivo de la propuesta es atender la demanda social y empresarial para regular los incrementos de la superficie construida en edificaciones para usos productivos que permitan la rehabilitación y puesta en valor de sus actuales instalaciones y, dado que no se altera su configuración arquitectónica, no compute a efectos de edificabilidad.
La modificación de la norma establece que el porcentaje de ocupación máxima admisible de la nueva superficie construida se efectuará en función de la superficie de la planta del local, fijándose en torno al 40 por ciento.
El equipo de gobierno ha emplazado al sector empresarial del municipio a que estudie la norma y presente en el periodo de alegaciones aquellas aportaciones que puedan mejorarla, según indicó la regidora.
«El espíritu de esta actuación es dar respuesta a las necesidades del sector e impulsar una norma que, al igual que ocurre en otros municipios de Andalucía, no tenga un carácter restrictivo sino que permita mejorar y reactivar el tejido productivo para que muchos negocios puedan rehabilitar y modernizar sus instalaciones sin recurrir a construir nuevas naves», explicó.
La incorporación de la norma supondrá modificar las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1986, el planeamiento que se tuvo que recuperar después de que el Tribunal Supremo anulara en 2015, el Plan General de 2010, elaborado entonces por el equipo de gobierno del PP que lideraba también la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz.
