El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha dicho hoy ante el tribunal que lo juzga en la Audiencia Provincial de Málaga que los políticos "somos vendedores de humo", pero ha asegurado que jamás se ha lucrado, ha recibido algún favor o ha tenido alguna ventaja.
Muñoz, que se enfrenta a esta semana a un nuevo juicio, ha afirmado que el fallecido Jesús Gil era quien ordenaba, mandaba y dirigía, por lo que él nunca tuvo poder de decisión y, en tono desafiante, ha intentado no responder en varias ocasiones al fiscal asegurando que ya había contestado en otros juicios a las mismas preguntas.
El magistrado presidente le ha recordado que si quería podía negarse a declarar, pero que en caso de no hacerlo tenía que responder debido a que es un nuevo juicio y un tribunal diferente a otros procedimientos.
En este nuevo juicio, Muñoz está acusado de prevaricación, fraude en la contratación y malversación y se enfrenta a una petición de once años de prisión y 18 de inhabilitación para empleo o cargo público.
En el banquillo de los acusados, además de Muñoz, se sientan otras quince personas, la mayoría acusadas por contratar obras y servicios de forma supuestamente irregular y sin seguir los requisitos exigidos con varias empresas.
Antes de comenzar el juicio seis exediles han llegado a un acuerdo con el ministerio público tras reconocer los hechos y han podido abandonar la sala tras conformarse con una condena por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Los exediles han sido condenados cada uno de ellos a ocho años y seis meses de inhabilitación.
El fiscal considera que no está suficientemente acreditado que estos exediles al votar a favor de las resoluciones de la comisión de gobierno conocieran y aceptaran el perjuicio para el patrimonio municipal de Marbella.
Durante su declaración, Muñoz ha insistido en numerosas ocasiones que no tenía capacidad de decisión, incluso ni cuando Gil fue detenido por el caso Camisetas y que él no tomaba ninguna decisión en las comisiones de gobierno, ya que se limitaba a "presidirlas".
Debido a ello, ha criticado que sea el único que está sentado en el banquillo de los acusados ya que las resoluciones que se tomaban en la comisión de gobierno eran aprobadas por todos "y yo no veo al resto de mis compañeros aquí", ha apostillado.
También ha afirmado que los técnicos nunca les alertaron de resoluciones injustas y no pusieron "jamás" ningún reparo a las decisiones adoptadas en las comisiones de gobierno.
El fiscal sostiene que con el Grupo Independiente Liberal (GIL) "se maquinó y ejecutó un procedimiento de huida del derecho administrativo tanto en la esfera de la organización municipal como en la esfera de las contrataciones públicas", a través de un entramado de sociedades en las que se colocaba un gerente cuya función esencial "era cumplir ciegamente las instrucciones del alcalde".
La acusación pública mantiene que "se creó una organización municipal paralela para tratar de evitar los controles de la ley administrativa".
Respecto a Muñoz, se afirma que en su condición de alcalde accidental y concejal de obras de Marbella llegó a un acuerdo con un empresario para la adjudicación directa y ejecución de obras y servicios municipales a dos mercantiles "en claro perjuicio para los intereses patrimoniales del municipio".
