Un acuerdo entre el equipo de gobierno y el empresario Tomás Olivo por el cual el Ayuntamiento pagará al propietario del centro comercial La Cañada 12 millones de euros para liquidar una deuda generada durante los años de gestión del GIL ha desatado la polémica entre el PP y la oposición, especialmente IU y Podemos.
El Gobierno local tiene previsto presentar en el pleno que la corporación municipal celebra hoy el pacto al que ha llegado con el empresario murciano y que, de salir adelante, permitirá al Ayuntamiento abonar a Olivo 12 millones de euros en lugar de los 24 que reclama.
El portavoz municipal, Félix Romero, asegura que «el interés público de la Corporación es que el acuerdo se lleve adelante, ya que, de esta forma, podemos reducir el pago a la mitad».
El pago al que tiene que hacer frente el Ayuntamiento se debe a una condena judicial tras un pleito contra la empresa General de Galerías Comerciales que se originó en «la etapa anterior», destaca el portavoz del equipo de gobierno, en alusión a la etapa de gestión del GIL. «No vamos a perjudicar, bajo ningún concepto, a los ciudadanos de Marbella. Lo que aconseja el interés público y el sentido común es que la transacción se lleve a cabo», defiende Romero.
El concejal socialista y exalcalde de Marbella entre los años 2015 y 2017, José Bernal, asegura que su formación es partidaria de «llegar a acuerdos» cuando «el sentido de los litigios» tras la primera instancia judicial apunta a que el Ayuntamiento tendrá que afrontar un perjuicio mayor.
El edil socialista destaca que existen informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento y de Secretaría Municipal que señalan que el pacto con Olivo reduciría el prejuicio al que tendrían que hacer frente las arcas del Ayuntamiento para solventar la deuda con el empresario murciano. «La fiabilidad de la Asesoría Jurídica y, sobre todo, la del secretario municipal, nos hace que tengamos una postura neutral», apunta.
En este sentido, Bernal recuerda que, recientemente, el Tribunal Supremo ha dado la razón al propio empresario murciano en un pleito contra la Junta de Andalucía por la paralización de las obras de construcción del centro comercial Nevada Shopping, en Granada, durante siete años.
El fallo del alto tribunal obliga al Gobierno regional a tener que abonar a Olivo una indemnización de 165 millones de euros por el lucro cesante que, según la Justicia, el propietario de General de Galerías Comerciales dejó de percibir por el bloqueo de las actuaciones.
Lo que sí pide Bernal a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, es que explique «qué pasos ha dado» para pactar el acuerdo con Olivo. La falta de información en las negociaciones, señala Bernal, hace que el grupo municipal socialista baraje abstenerse en la votación de la sesión plenaria, la misma postura que adoptó en la comisión informativa.
El concejal de IU, Miguel Díaz, asegura que el expediente sobre el acuerdo con Olivo al que ha tenido acceso la oposición carece de once documentos «clave para adoptar una decisión fundamentada». Entre los documentos que faltan y que IU ha solicitado a Secretaría Municipal destacan, señala el concejal, una sentencia del Tribunal de Cuentas, dos autos del Tribunal Supremo, el informe de deficiencias en la ejecución de las obras de un embovedado de Arroyo Primero realizado por los servicios técnicos del departamento de Obras o las autorizaciones, los expedientes del Organismo de Cuenca relativos a dichas obras o informes de valoración de los habilitados nacionales del Ayuntamiento y los servicios jurídicos municipales.
«PP y OSP defienden el acuerdo con Olivo como un mal menor, pero desde IU consideramos que hay elementos para hacer una defensa jurídica efectiva para el interés general y no arrodillarse ante Olivo», señala Díaz, que avanza que su grupo votará en contra en la sesión plenaria.
La edil de Podemos, Victoria Mendiola, anunció ayer que su grupo pedirá que se retire la moción del orden del día al considerarla lesiva para el municipio.
Según la edil, el acuerdo incluye cláusulas que «blanquean un convenio ilegal» que favorece a Olivo y que le evitan tener que enfrentarse a una pena de 18 años de cárcel y a pagar 50 millones al Ayuntamiento.
Con el dinero que el PP quiere pagarle a Olivo, el Ayuntamiento de Marbella podría construir 300 viviendas públicas o tres residencias de mayores, destaca Victoria Mendiola.
