La Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella (Acoprocamar) ha presentado una alegación en el trámite de modificación de las normas urbanísticas del PGOU de 1986, el que tuvo que recuperar el Ayuntamiento después de que el Tribunal Supremo anulara, en una sentencia de finales de 2015, el planeamiento de 2010.
La enmienda que presentan los comerciantes del Casco Antiguo se dirige contra el artículo 143, que hace referencia al cómputo de la edificabilidad de las normas urbanísticas.
El pleno de diciembre, señala el colectivo, aprobó una medida que permite construir entreplantas en los usos productivos comerciales e industriales sin que compute en la edificabilidad. Se trata de una iniciativa, destaca Acoprocamar, que introduce una modificación en las normas urbanísticas del PGOU de 1986 que permite incrementar la superficie construida sin alterar la configuración exterior de los inmuebles.
El colectivo considera que la medida beneficia al Centro Comercial La Cañada, que puede ampliar una superficie de unos 2.000 metros cuadrados de extensión añadiéndole un local colindante en desuso de unos 4.000 metros y ofrecer los 6.000 metros cuadrados que, según Acoprocamar, exigía una cadena textil irlandesa para instalarse en el recinto comercial.
«El Ayuntamiento denegó en 2014 la licencia de obras a la empresa General de Galerías Comerciales, propietaria de La Cañada, para la ampliación del centro comercial porque no se ajustaba al Plan General vigente (el de 2010)», recuerda el colectivo.
General de Galerías Comerciales, propiedad del empresario Tomás Olivo, interpuso un recurso de reposición que rechazó el Ayuntamiento mediante un decreto. La empresa recurrió el decreto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que dio la razón al Ayuntamiento.
«Con la nueva normativa, la empresa tiene vía libre a su ansiada ampliación. La asociación se opone, ya que este cambio no beneficia a los comercios del Casco Antiguo ni a los comercios del centro de la ciudad. Los locales del centro no tienen una altura cercana a los cinco metros necesarios para edificar entreplanta y beneficiarse de esta modificación de la normativa», apunta el colectivo.
Según Acoprocamar, la medida no beneficia a Marbella ya que, al no computar la ampliación como edificable, la empresa está eximida de hacer cesiones de suelo para equipamientos públicos, como colegios o zonas verdes. «El cambio de normativa es una legalización encubierta de La Cañada, que vio frustrada la ampliación para el desembarco de la multinacional irlandesa», critica el colectivo.
