El teniente de alcalde de San Pedro, Rafael Piña, teme que, al menos, tres proyectos en fase de tramitación puedan quedar bloqueados debido a las restricciones que recoge la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La normativa la aprobó durante el primer semestre de 2018 el Gobierno central del PP, formación política con la que OSP gestiona el municipio.

Las declaraciones del teniente de alcalde se producen pocos días después de que el equipo de gobierno haya reconocido que perderá una subvención de 600.000 euros que le concedió la Diputación de Málaga para construir un centro gastronómico Sabor a Málaga en el bulevar de San Pedro.

«Esto (el bloqueo de obras) no es algo que vaya a ocurrir una sola vez. Va a ocurrir más veces porque la normativa del Sector Público hace que los procedimientos se alarguen en el tiempo de una manera importante. Más de un proyecto se va a quedar en la cartera», advirtió.

La ley endurece las condiciones para que las administraciones públicas contraten, introduce una mayor cantidad de procedimientos y alarga los plazos, según Piña. «Es una verdadera bestialidad. Es mucho más rigurosa y tenemos verdaderos problemas para contratar», añadió.

Piña pidió al Gobierno central modificar los parámetros de la normativa para que sean «más benévolos», especialmente los relacionados con los plazos.

Entre las obras cuya continuidad sembró dudas el teniente de alcalde están la construcción de un pabellón cubierto; la remodelación del Pabellón de Deportes Elena Benítez, el recinto deportivo de mayores dimensiones de San Pedro; o la ejecución de una pasarela que conecte la zona de sur de la avenida Marqués del Duero, la principal vía comercial del núcleo de población, con el bulevar, una de las zonas de mayor afluencia.

El Ayuntamiento tendrá que devolver a la Diputación de Málaga la ayuda de 600.000 euros que le concedió para construir el Mercado Gourmet Sabor a Málaga.

El teniente alcalde atribuyó ayer la pérdida de la subvención a «una sucesión de contratiempos técnicos a la que siguió, en el último momento y cuando todo estaba listo para comenzar con la obra, la renuncia de la empresa constructora».

Por su parte, el concejal socialista Manuel García reiteró que la renuncia a la ayuda se debe «a la manifiesta incompetencia» de Piña. «Se trata de una infraestructura que hubiera supuesto una inversión de 600.000 euros para un lugar en el que el tránsito de personas es interesante para su dinamización. Todo lo que suponga crear nuevos atractivos genera que la economía se estimule. Pero Piña ha estado más centrado en levantar el centro de San Pedro y destrozarlo que en apostar por la generación de riqueza», señaló.