10 de febrero de 2019
10.02.2019
Ayuntamiento

Marbella se niega a pagar el fallo por el fraude de la Finca Zaragoza

Abonó en julio 2,5 millones de euros a una familia estafada tras una operación con el GIL, pero evita liquidar el importe generado por los intereses, que ronda los 1,2 millones de euros

10.02.2019 | 05:00
El Ayuntamiento de Marbella, en la plaza de Los Naranjos.

Claves

  • Incumplimiento
    La familia Martínez-Higuero denunció que los terrenos que les daba Gil no eran los acordados en un convenio firmado en 1994.
  • Acciones judiciales
    La familia interpuso una querella criminal contra Gil, que fue imputado por estafa. La causa se sobreseyó tras el fallecimiento del exalcalde
  • Vía administrativa
    La familia recurrió a la vía del contencioso administrativo que, le ha dado la razón diez años después.

El Ayuntamiento tiene que hacer frente a un pago de cuatro millones

  • La cuantía económica a la que tiene que hacer frente el Ayuntamiento ronda los cuatro millones de euros. Unos 2,5 millones de euros es en concepto de la indemnización por una estafa originada en la época de los gobiernos del GIL y el resto, intereses.

El Ayuntamiento de Marbella se niega a ejecutar el contenido de una sentencia en firme dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y que le obliga a pagar unos cuatro millones de euros a una familia a la que el exalcalde Jesús Gil estafó hace 25 años en la permuta de una parcela.

El Consistorio abonó a la familia 2,5 millones de euros en julio, aunque aún debe hacer frente a una cuantía de 1,2 millones de euros en conceptos de intereses, según una resolución que el Juzgado de lo Contencioso de Administrativo número 2 de Málaga dictó el 3 de diciembre.

En el caso de que el Ayuntamiento no abone la cuantía, se expone a multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos d este órgano judicial.

«El Ayuntamiento está dilatando el pago, incluso tras haber sentencia firma. Pide una aclaración de sentencia, una complementación, una apelación, una nulidad,... Lo que está haciendo es dilatar el procedimiento para que la pelota pase de corporación municipal en corporación municipal», señala a La Opinión de Málaga Alberto Gracián, fundador de Estudio Jurídico 3a, que lleva el caso.

La práctica de dilatar el pago de la cuantía que sigue el Ayuntamiento supone que los intereses moratorios que deberá abonar el Consistorio aumenten en unos 500 euros al día, según Gracián.

«Los intereses han subido bastante porque el Ayuntamiento, en vez de acatar las resoluciones judiciales en su momento, provoca la dilación indebida del procedimiento solicitando aclaraciones, nulidades o complementaciones y entorpece así la ejecución de la sentencia. Ha recurrido lo irrecurrible», agrega.

La familia denunciante, Martínez-Higuero, era propietaria junto a otra familia, Arias Salgado, de una finca indivisa en la zona de Puerto Rico, junto a la carretera de Ojén.

Antes de la llegada de Gil a la Alcaldía, el Ayuntamiento firmó un acuerdo por el que los propietarios recibirían una compensación de terrenos calificados como suelo urbanizable programado en Nagüeles ya que el Equipo de Gobierno destinó la zona de Puerto Rico a un parque municipal.

Sin embargo, Gil revocó el acuerdo y firmó un nuevo convenio que recogía la permuta de 20 hectáreas por otros dos terrenos urbanizables situados en La Pepina, con una edificabilidad neta de 6.200 metros cuadrados. Gil firmó el convenio y la corporación municipal lo ratificó en sesión plenaria en 1994. Paralelamente se firmó otro acuerdo con los Arias Salgado.

Sin embargo, los propietarios advirtieron de que las parcelas no se correspondían con las acordadas y denunciaron que los terrenos que pretendían trasmitírseles no correspondían con los que habían adquirido mediante el contrato y que aparecían escriturados a nombre una sociedad propiedad del empresario sevillano José María González de Caldas.

Posteriormente se comprobó que a la otra familia involucrada en la operación, Arias Salgado, sí les entregó las parcelas acordadas y que éstas fueron vendidas en un breve espacio de tiempo, según Gracián.

Esta situación dio lugar en noviembre de 1999 a la interposición de una querella criminal por estafa contra Gil, que declaró al año siguiente por este motivo. Ante el juez, señala Gracián, el exalcalde reconoció que los denunciantes tenían razón y responsabilizó de la situación a quien hasta entonces había sido el jefe de los servicios jurídicos municipales, el abogado José Luis Sierra.

En aquel proceso también fueron llamados a declarar el entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román, y el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca.

El procedimiento contra Gil siguió adelante, y el exalcalde fue imputado por una presunta estafa, pero la causa fue sobreseída en febrero de 2005 por el fallecimiento del acusado un año antes sin que se llegara a celebrar el juicio.
La familia perjudicada, agrega el fundador del Estudio Jurídico 3a, recurrió entonces a la vía del contencioso administrativo, que casi diez años después se ha resuelto con una sentencia a su favor sobre la que ya no caben más recursos.

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