La concejala socialista Isabel Pérez aseguró ayer que su formación «extremará la vigilancia» para impedir un nuevo intento de alteración de las lindes entre Marbella y Benahavís, tras el nombramiento del director general de Urbanismo de Marbella, José María Morente, para un puesto similar en la Junta de Andalucía.
La edil señaló: «No creemos en las casualidades, no es una coincidencia» que el hasta ahora número dos de la Delegación de Urbanismo pase a la Junta. La Administración autonómica, bajo un gobierno socialista, archivó en septiembre de 2015 la alteración de lindes que quiso hacer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, para quitar a Marbella una superficie de unos 170.000 metros cuadrados, señaló la edil.
Pérez calificó de ridículo que la alcaldesa se refiriera a Morente como un gran conocedor del urbanismo de Marbella, ya que «no ha estado ni un año en el cargo de director general». Morente fue nombrado en el cargo en marzo de 2018.
Según la concejal, el legado que deja Morente en Marbella estará marcado por su intervención en el pleno de julio de 2018. En aquella sesión, el director general de Urbanismo «dio por buena documentación en la que, de forma evidente, se introducía una linde entre Marbella y Benahavís que hacía perder a nuestro municipio 200.000 metros cuadrados de terreno», señaló Pérez.
«Ya en su momento alertamos sobre aquella circunstancia, que se aprobó, no sólo con el informe favorable de Morente, sino con el beneplácito de OSP», recordó la exdelegada de Urbanismo con el anterior equipo de Gobierno. La oposición abandonó aquel pleno después de que el socio de gobierno del PP, OSP, aceptara revisar las lindes.
«Resulta también muy curioso que, después de aquello, a este director general, junto a otros, se le subiera el sueldo con una serie de complementos hasta pasar a cobrar 70.800 euros anuales», agregó la concejal.
La concejala socialista aseguró que su formación también estará «muy vigilante» al proceso de redacción del PGOU de Marbella. «Ya sabemos lo que ocurrió con el anterior PGOU que hizo el Partido Popular y que está en los juzgados», agregó la edil en alusión a la causa en la que se investiga si el acta del pleno del 29 de julio de 2009, en el que la Corporación municipal aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de 2010, se falseó.
El Tribunal Supremo anuló a finales de 2015 el PGOU de 2010, lo que obligó a la Corporación municipal a recuperar el de 1986.
