La corporación municipal aprobó ayer por unanimidad en el pleno de febrero incorporar al patrimonio del Ayuntamiento las fincas La Caridad y Siete Corchones, intervenidas al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca en el caso Malaya, contra la corrupción en Marbella.
El equipo de gobierno firmará ante notario en los próximos días la incorporación de estos bienes al inventario municipal, señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la sesión plenaria. «Damos el último paso de un proceso en el que hemos cumplido con el mandato que nos dieron los ciudadanos de recuperar lo que había salido de Marbella», agregó.
La finca La Caridad, de 81.000 metros cuadrados de superficie y valorada en más de cinco millones de euros; y la de Siete Corchones, de 123.000 metros cuadrados y cuya tasación es de 1,5 millones de euros, son dos de los bienes que el Ayuntamiento recuperará procedentes de causas judiciales por casos de corrupción con sentencia firme y se destinarán a equipamientos municipales. En concreto, el Gobierno local prevé construir un equipamiento deportivo en la finca de La Caridad, ubicada en San Pedro.
Ambas fincas se suman a los 12 millones de euros procedentes del caso Malaya, que la Audiencia Provincial de Málaga transfirió en verano al Ayuntamiento, y los 2,3 millones de euros que la Audiencia Nacional aportó provenientes de los causas Saqueo I y II.
Por otro lado, el pleno aprobó también una moción para apoyar el proyecto para reinstalar espigones transitables en las playas del núcleo urbano de Marbella. Durante el debate de la moción intervino el representante de la Asociación para la Construcción de Espigones Emergidos, Antonio Belón, para expresar la apuesta del colectivo por este tipo de infraestructura.
El pleno aprobó también otra moción para reclamar al Gobierno central que salga de las elecciones del 28 de abril que resuelva con celeridad las alegaciones presentadas por IU contra el proyecto para regenerar las playas del núcleo urbano de San Pedro que elaboró el anterior Ejecutivo central, del PP.
«Es un proyecto sin dotación presupuestaria consignada, con un espigón menos, con aportes ingentes de arena durante años, sin garantía ambiental. Ese es el proyecto que se quería aprobar con urgencia electoralista», alegó el edil de IU, Miguel Díaz.
El teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, admitió que el proyecto «no es el mejor». «Nuestro criterio es apostar por algo para mejorar las playas de San Pedro», agregó.
