Romper el acuerdo que el Ayuntamiento y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) firmaron en 2012 para que el Consistorio liquide la deuda municipal que se originó bajo los gobiernos del GIL en un plazo de 40 años y al 1% de interés abocaría al equipo de gobierno a abonar en un solo pago 199 millones de euros.
Esa es una de las reclamaciones que, según señaló ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la Tesorería de la Seguridad Social dirige al Ayuntamiento tras anunciar que deja sin efecto el acuerdo para liquidar la deuda, mediante una notificación emitida el 15 de febrero de 2019.
La Tesorería adoptó la resolución después de que el equipo de gobierno se negara a entregarle los 15 millones de euros que hasta el momento ha ingresado procedentes de causas judiciales por corrupción con sentencia firme. De la cuantía, 12 millones proceden de la responsabilidad civil a la que resultó condenado el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, mientras que el resto proviene de los casos Saqueo I y II.
La Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud con la que el Ayuntamiento de Marbella pedía suspender de forma cautelar la decisión de la Tesorería a la espera de que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del asunto. Con la decisión provisional de la Audiencia Nacional se ha evitado el cierre de un Ayuntamiento que ya fue disuelto en 2006 y cuyo presupuesto municipal en 2019 ronda los 280 millones de euros. «La resolución del Ejecutivo central del PSOE, tomada de forma unilateral y arbitraria, hubiera conducido al cierre del Ayuntamiento por las medidas que exigía», agregó la regidora, que compareció en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local.
Además del pago de los 199 millones y la entrega de los otros 15 millones de euros, la Tesorería pedía también la congelación de las transferencias que el municipio recibe de la Participación en los Ingresos del Estado -unos 35 a 40 millones por año- y que el dinero procedente de causas judiciales por corrupción que las arcas municipales perciban en el futuro se depositen en una cuenta aparte.
La decisión de la Audiencia Nacional «hace justicia con la ciudad y demuestra las dos formas de gobernar, una liderada por el PP en defensa clara de los intereses de Marbella y otra, la de los socialistas, adoptando una actitud sumisa ante un nuevo atropello de un Ejecutivo de su partido», agregó la regidora.
El candidato del PSOE a la Alcaldía, José Bernal, asegura que la decisión de la Audiencia Nacional es una «medida cautelar que no entra a resolver el fondo del asunto», por lo que pidió a la alcaldesa «que deje de celebrarla a bombo y platillo porque, de momento, no hay nada solucionado. Celebramos esa decisión judicial, que supone ganar una batalla, pero no la guerra como quiere hacer creer la alcaldesa», agregó.
Bernal aseguró que, de ser alcalde: «Tenderé puentes y buscaré una solución con la Seguridad Social antes de que una sentencia contraria traiga el caos al Ayuntamiento».
