15 de abril de 2019
15.04.2019
Puerto deportivo

Locales de Puerto Banús denuncian presiones para acatar nuevas cláusulas

Aseguran que la concesionaria del recinto portuario utiliza "medidas mafiosas" para imponer condiciones que son inviables para las empresas

15.04.2019 | 05:00
Bolardos atados con cadenas impiden a uno de los locales del recinto portuario usar la terraza

Anulación de las tarjetas para acceder al recinto portuario con vehículos, la obligación de contar con un permiso para cambiar el cristal roto de un escaparate o bolardos de piedra –algunos unidos con cadenas de hierro– frente a diferentes locales para impedirles utilizar las terrazas o incrementos de los precios del alquiler de hasta un 700 por cien. Empresarios de diferentes establecimientos de Puerto Banús, una de las zonas más lujosas de Marbella y de mayor afluencia turística, aseguran que la concesionaria del recinto privado del muelle les somete, desde finales del pasado año, a «medidas mafiosas» para imponerles unas obligaciones acordadas de forma unilateral.

En juego están los contratos de alquiler de los locales que concesionaria y empresarios renuevan cada año.

«Nos piden que entreguemos los balances semestrales para, sobre ellos, marcar una tarifa variable. Las empresas, en su negocio, dependen de lo que facturen o no para saber cuánto pagarán de alquiler. Se trata de condiciones inviables para cualquier empresa», señala el administrador de la Pizzería Picasso, Manuel Callejón.

La discordia entre concesionaria y empresarios surge, según la versión de éstos, en torno a qué administración es la titular de la vía que discurre entre el área de concesión y el inicio de la zona de titularidad pública. Según los empresarios, esta zona es un vial público que explota la concesionaria al considerarla «privativa».

«La concesionaria quiere que le entreguemos una llave de los locales adheridos a la zona privativa y no nos dejan alquilar o vender el local a quienes nosotros queramos, sino a los que diga la concesionaria», señalan María Sequeira, que gestiona diferentes locales en Puerto Banús, y su marido, Antonio Mena.

«Yo tengo dos escaparates rotos y no los puedo cambiar porque no autorizan al cristalero a que entre en la zona de concesión», agrega Sequeira.

Callejón cree que el motivo de discordia entre ambas partes, que afecta a unos 60 empresarios de Puerto Banús, se solventaría si el Ayuntamiento tomara cartas en el asunto. «Hemos avisado al Consistorio, incluso por escrito y hemos mandado un estudio elaborado por un despacho de abogados y de arquitectura sobre estos hechos, además de varios informes. Pero el Ayuntamiento sigue sin reaccionar, lo que está haciendo que se enquiste el tema», agrega.

Los empresarios también han denunciado los hechos ante la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que depende de la Junta, que, según ellos, tampoco ha emitido una respuesta.

La Opinión de Málaga ha tratado sin éxito de recabar la versión de la concesionaria de Puerto Banús.

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