Una sentencia judicial obliga al Ayuntamiento de Marbella a readmitir a 23 trabajadores a sus puestos de empleo con la condición de indefinidos a tiempo completo ya que, según el fallo, fueron despedidos de forma improcedente a finales de 2018.
La sentencia del Juzgado de lo Social número 12 de Málaga, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, condena también al Consistorio a abonar los salarios, de unos 2.400 euros al mes, correspondientes al tiempo transcurrido entre la fecha de los despidos y la notificación del fallo judicial.
Según el fallo, de diez páginas de extensión y fechada el 10 de abril, el Ayuntamiento recurrió a una bolsa de empleo de operarios de limpieza para contratar a los trabajadores para que desarrollaran, desde el 25 de junio al 21 de diciembre de 2018, diferentes labores en la conservación de las playas del término municipal y del mantenimiento de las vías y espacios públicos del municipio y relacionadas con la delegación que dirige el concejal popular Diego López.
Para realizar las contrataciones, el Consistorio alegó que, entre febrero y mayo del año pasado, el municipio se vio afectado por «graves fenómenos meteorológicos de especial significación» para lo cual consideró la necesidad de reforzar las áreas de la Delegación de Limpieza. «Esta contratación se justifica por las necesidades sobrevenidas de la producción y no previsibles», señaló el Ayuntamiento entre las cláusulas para justificar la temporalidad, recoge la sentencia.
Sin embargo, la juez entiende que las cláusulas específicas de las tareas de los contratos son, en su mayor parte, «estructurales del área de limpieza del Ayuntamiento y obedecen, sin dudas, a necesidades ordinarias del dicho servicio».
La magistrada considera también injustificada «la mayor afluencia turística» que alegaba el Ayuntamiento ya que, señala la juez, es un aspecto que «no se estima concurra en los meses de octubre a diciembre».
Además, las «necesidades especiales» que alegó el Ayuntamiento, continúa la sentencia, no justifican la contratación de los 92 operarios durante seis meses que realizó el Gobierno local.
«Del conjunto de la prueba practicada se colige que los contratos suscritos entre las partes han obedecido a necesidades permanentes y no ocasionales o esporádicas», agrega la juez, que admitió a tramite la demanda de los 23 trabajadores el 9 de abril.
La magistrada señala en la sentencia que la «comunicación de fin de las relaciones laborales no obedecía a la válida terminación de un contrato temporal, sino a una decisión unilateral del empresario adoptada en una contratación que, por fraudulenta, ha de considerarse indefinida».
El Gobierno local contrató aquel 25 de junio a otros 69 operarios de limpieza viaria en las mismas condiciones laborales que los 23 empleados que tienen que ser readmitidos, por lo que, previsiblemente, tendrá que reincorporarlos al Consistorio.
Contra la sentencia cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribuna Superior de Justicia de Andalucía.
