El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (Sepma) y la asociación Desempleados por un Empleo Digno de Marbella han denunciado ante la Fiscalía unas 30 contrataciones temporales realizadas en el Ayuntamiento al entender que beneficiaron a trabajadores que mantienen una relación de amistad o parentesco con miembros de la Delegación de Limpieza, que gestiona el PP, el Tribunal de Selección de los empleados o responsables sindicales.
Los colectivos señalan en la denuncia, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, que dos de los trabajadores contratados son el primo y el tío del delegado de Limpieza, Diego López.
En el caso del primo del edil «no se acreditan en los contratos de trabajo los servicios prestados como capataz y, a tenor de su currículum vitae, casi toda su vida laboral ha transcurrido como monitor de gimnasia, por lo que su valoración es fraudulenta», recoge el escrito.
Entre las contrataciones que denuncian los colectivos figuran también dos relacionadas con Juan Guzmán, encargado general de Limpieza, miembro del Tribunal de Selección y pareja de una candidata independiente de la lista electoral con la que el PP concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo.
En el caso de la contratación del hermano de Guzmán, «nos suministran vida laboral tachada en los nombres de las empresas, pero acudiendo a su currículum no concuerda su valoración en los méritos con la decidida por el Tribunal», apunta la denuncia.
Los ejemplos de las contrataciones vinculadas a López y Guzmán sirven para «ilustrar lo sectario e injusto funcionar del tribunal como la más que evidente disposición del tribunal a que determinadas personas fuesen seleccionadas».
Los colectivos denunciantes califican de «incongruente» que, al menos, tres de los cuatro miembros del Tribunal de Selección «estaban contaminados por participar en el proceso familiares en primer y segundo grado sin que se hayan abstenido de participar en el órgano».
El llamamiento de los aspirantes, procedentes de una bolsa de empleo que el Gobierno local creó en 2018 con 74 operarios, 46 conductores y seis capataces, se basa en acciones «más que cuestionables», indica la denuncia.
El sindicato y el colectivo entienden que los miembros del Gobierno local y del Tribunal de Selección habrían incurrido en los delitos de prevaricación, omisión de perseguir delito y de tráfico de influencias.
El concejal Diego López destaca que el expediente cuenta con los informes técnicos favorables de las áreas implicadas y sostiene que es falso que miembros del tribunal que hayan incumplido su deber de abstenerse en los casos que procediese y que no se haya respetado el baremo de méritos aplicables.
«El Sepma ha esperado más de dos meses para presentar la denuncia, sin duda con un claro fin electoralista», agrega.
