La Junta de Andalucía trasladará la sede de los juzgados de Primera Instancia de Marbella y de los juzgados de Torremolinos a otras dependencias ante el mal estado en que se encuentran.
La medida es de carácter provisional ya que los futuros locales albergarán las sedes hasta que la Junta pueda trasladarlos a las Ciudades de la Justicia que proyecta en cada uno de los municipios, según anunció ayer la secretaria general para la Justicia en Andalucía, María José Torres.
En el caso de Marbella, los juzgados de Primera Instancia sufren «problemas muy graves, entre ellos filtraciones de aguas residuales», explicó Torres, por lo que el Gobierno autonómico licitará el contrato de un edificio en alquiler de forma provisional mientras se resuelven las cuestiones técnicas que bloquean la construcción del Palacio de la Justicia en la parcela próxima al Hospital Comarcal Costa del Sol, que el Ayuntamiento cedió a la Junta.
Los impedimentos a los que se refirió Torres son las modificaciones urbanísticas para adecuar la parcela al futuro uso, trámite que compete al Ayuntamiento y que se prolongará, al menos, hasta finales de año.
La parcela, de unos 6.000 metros cuadrados de superficie, alberga un inmueble semiconstruido de seis plantas, tres de ellas bajo rasante, y de unos 15.000 metros cuadrados de extensión, valorado en unos siete millones de euros. Estuvo vinculado al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca y es uno de los bienes que el Ayuntamiento ha recuperado en el caso Malaya.
«La intención de este Gobierno es reducir el gasto en alquiler y eso es lo que queremos hacer en Marbella . Tenemos la oportunidad de que el Ayuntamiento nos ceda el edificio que obtuvo de los embargos del caso Malaya. Esto nos permitiría ahorrar en alquileres y aumentar el patrimonio de la Junta. Pero mientras esto ocurre hay que actuar y buscar soluciones», señaló la secretaria general para la Justicia de la Junta.
Las dependencias judiciales de Marbella están distribuidas en tres sedes que, de forma conjunta, ocupan unos 7.000 metros cuadrados de superficie. La Junta es propietaria de una de ellas -la que alberga la Fiscalía y los juzgados de Instrucción- y las otras dos las utiliza en régimen de alquiler.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, aseguró a finales de 2017 que la situación de las dependencias judiciales era insostenible y expresó su temor a que ese estado «se pueda prolongar más en el tiempo y la situación acabe explotando. Además de la imagen pésima y tercermundista que transmitimos hacia el turismo y los inversores, no se puede administrar justicia en esas condiciones», apuntó entonces.
En el caso de Torremolinos, la Junta buscará un edificio en alquiler que albergue de forma temporal y en mejores condiciones los juzgados del municipio, señaló ayer la secretaria general para la Justicia del Gobierno regional.
La dirección general de Infraestructuras de la Junta trabaja para comenzar a «elaborar las memorias técnicas que recojan las necesidades de estos juzgados para luego poder sacar a licitación el contrato de alquiler», según señaló su responsable, Miguel Ángel Reyes. «Una vez que el contrato se adjudique habrá que abordar obras en los locales para adaptarlos a sede judiciales», indicó.
