Jueces, fiscales, procuradores y funcionarios se unieron ayer a la concentración convocada por el Colegio de Abogados para reivindicar una sede judicial digna en el partido judicial de Marbella.
El decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara, afirmó que la situación en Marbella «algún día reventará», por lo que exigió a la Junta de Andalucía que «acelere todos los trámites necesarios para que la ciudad cuente con un palacio de justicia acorde a sus necesidades».
La dispersión de los edificios judiciales, los problemas de filtraciones cuando llueve, la carencia de depósitos para piezas de convicción y de archivo, la inexistencia de una sala donde atender a las víctimas de violencia de género o el hecho de que los profesionales no dispongan de una mesa donde trabajar durante sus guardias son algunas de las deficiencias de estas infraestructuras, que el decano calificó de caóticas.
Marbella cuenta con 14 órganos judiciales, que ingresaron 27.287 nuevos procedimientos en 2018, «cifra que supera a las que registran muchas capitales de provincia», según fuentes colegiales. Más de 1.100 abogados trabajan en este partido judicial, donde cada año gestionan unos 4.000 expedientes de justicia gratuita.
El decano criticó a la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Torres, que visitó hace unos días los juzgados de Marbella, a quien reprochó que «no se reuniera ni con los abogados ni con los procuradores».
«Pasan los años y la situación es la misma», lamentó Lara, quien apuntó que la solución que Torres ofrecía para Marbella -un edificio en alquiler para unificar las sedes mientras se encuentran soluciones definitivas- «es la misma que apuntó para Torremolinos, Estepona, Torrox o Fuengirola».
«Siempre oímos buenas palabras y grandes proyectos, pero la realidad es que la situación no avanza y cada año se concluye con más expedientes abiertos de los que había al inicio», apuntó. «Marbella no puede esperar más», sentenció.
El decano animó a los ciudadanos a unirse a las movilizaciones y a la campaña de recogida de firmas para exigir que la provincia cuente con sedes judiciales dignas.
