La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial respalda al Ayuntamiento en su decisión de asumir de forma directa la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a través de una oficina municipal creada a tal efecto.
El órgano de gobierno del colectivo considera que la creación de la oficina municipal se traducirá en la «agilización de un instrumento legal imprescindible para el desarrollo urbanístico de Marbella».
Así, han calificado de acierto que el Ayuntamiento asuma en una oficina constituida por "reconocidos técnicos y profesionales la redacción del nuevo planeamiento urbanístico que marcará el desarrollo de la ciudad en los próximos años".
«La Federación anima al Ayuntamiento a poner en marcha cuanto antes el equipo multidisciplinar que quedara al frente de la nueva oficina municipal del PGOU con el fin de no demorar la redacción, aprobación y puesta en marcha de un documento esencial para el futuro de la ciudad», ha apuntado en un comunicado.
El órgano de gobierno del colectivo asegura que el presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, Ricardo Arranz, «coincide» con la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en que «es necesario dar un paso al frente para que Marbella cuente con un planeamiento adaptado a la legislación, las necesidades del municipio y a plazos lógicos para su aprobación definitiva y puesta en marcha».
El colectivo ha expresado su confianza en que la oficina municipal encargada de la redacción del PGOU "asuma las necesidades reales de una ciudad que está llamada a convertirse en modelo, inspiración y ejemplo de un urbanismo de alto nivel, integrador, de calidad y respetuoso con las pautas que marca la sociedad y el medio ambiente".
La alcaldesa anunció el lunes que el Ayuntamiento asumiría con recursos propios la elaboración del PGOU. Muñoz aseguró que se trata de una decisión «consensuada» con las delegaciones municipales y propuesta por la concejal de Ordenación del Territorio después de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales del Consistorio emitiera, a finales de julio, una resolución en la que dejaba sin efectos el proceso que el Ejecutivo local emprendió para adjudicar la redacción del documento.
