El Ayuntamiento de Marbella y la familia Martínez Higuero compartirán al 50 por ciento la propiedad de la finca Puerto Rico, ubicada en la carretera que conecta el municipio con Ojén.
El fundador de Estudio Jurídico 3a y director del pleito contra el Ayuntamiento, Alberto Gracián, señaló ayer a La Opinión de Málaga que el Gobierno local procedió la pasada semana a abonar 1,2 millones de euros en concepto de intereses del pleito largo y dificultoso que se ha seguido en los tribunales para dirimir la propiedad de la parcela y que, tras 20 años de litigio, culmina con la familia Martínez Higuero como titular de la mitad del terreno.
Los hechos se remontan a cuando la familia denunciante y la de Arias Salgado eran propietarias de la finca indivisa Puerto Rico, explicó el abogado.
Antes de que Jesús Gil accediera a la alcaldía de Marbella, las familias y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo por el que los propietarios recibieron una compensación de terrenos calificados como suelo urbanizable programado en la zona de Nagüeles, ya que el equipo de gobierno de entonces destinó la parcela Puerto Rico a parque municipal.
Sin embargo, agregó Gracián, el gobierno local del GIL revocó el acuerdo y firmó otro convenio que recogía la permuta de 20 hectáreas por otros dos terrenos urbanizables situados en La Pepina, con una edificabilidad neta de 6.200 metros cuadrados. El propio exalcalde firmó el convenio, que fue ratificado en pleno por la Corporación municipal en agosto de 1994. De forma paralela a la tramitación del convenio, el Ayuntamiento firmó otro acuerdo con la familia Arias Salgado. Sin embargo, la familia Martínez Higuero advirtió de que las parcelas incluidas en el convenio firmado por Gil no se correspondían con las acordadas con el exregidor. «Concretamente, denunciaron que los terrenos que pretendían trasmitírseles no correspondían con los que habían adquirido mediante el contrato y aparecían escriturados a nombre de Huelva Bussiness, S. L., propiedad del empresario sevillano» y expresidente del Sevilla FC, José María González de Caldas, explica el fundador de Estudio Jurídico 3a y director del pleito contra el Consistorio, Alberto Gracián.
El escándalo, agregó el abogado, se agravó tras comprobar que la familia Arias Salgado recibió las parcelas acordadas y que fueron vendidas de forma inmediata.
Ante esta situación, la familia Martínez Higuero interpuso en noviembre de 1999 una querella criminal contra Gil por un supuesto delito de estafa.
El exalcalde declaró al año siguiente ante el juez. Según Gracián, Gil confesó que la familia Martínez Higuero tenía razón en sus demandas y responsabilizó al hasta entonces jefe de los servicios jurídicos municipales, el abogado José Luis Sierra. En aquel proceso también declararon el entonces primer teniente de alcalde, Pedro Román, y el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca.
Gil fue imputado pero la causa se sobreseyó en febrero de 2005 por el fallecimiento un año antes del exalcalde sin que se llegara a celebrar el juicio y acudieron a la via contenciosa administrativa.
El Ayuntamiento pagó 2,5 millones de euros en 2018 tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Un Juzgado de lo Contencioso de Administrativo de Málaga dictó el 3 de diciembre una resolución en la que obligaba al Consistorio a pagar 1,2 millones de euros en concepto de intereses. En caso contrario impondría multas coercitivas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplieran los requerimientos del órgano judicial. El Consistorio abonó la cantidad la semana pasada.
