Ecologistas en Acción denunció ayer que la construcción de 25 viviendas de lujo en la zona de Elviria amenaza con destruir una zona de 700 hectáreas del alcornocal mejor conservado y de mayor valor ambiental de la Costa del Sol.
El colectivo acusó al Ayuntamiento de conceder una autorización para construir las viviendas y de amparar la desaparición del área arbórea, que, según Ecologistas en Acción, cuenta con ejemplares de cientos de años de antigüedad y que destacan por su envergadura y peso.
Según el colectivo, el Ayuntamiento ha abonado a la constructora 200.000 euros para que transplante algunos de los ejemplares de la zona. Sin embargo, «en el remoto caso de que algunos de estos árboles se salven, el ecosistema mediterráneo -con árboles, arbustos, insectos, reptiles, aves, mamíferos y anfibios-se habrá perdido para siempre», señaló la asociación.
Según Ecologistas en Acción, el Consistorio es cómplice de la desaparición del alcornocal «al cambiar un entorno único por unos 200.000 euros. Ecologistas en Acción denunciará públicamente estos actos que enriquecen a unos pocos, perjudican a todos y hacen perder unos de nuestros tesoros, el bosque mediterráneo», agregó el colectivo, que advirtió de que el alcornoque es un ejemplar protegido de forma cautelar por la ley española a instancias de una directiva comunitaria.
Los ecologistas reclaman al equipo de gobierno que anule la tramitación de la licencia de obra y que la zona sea objeto de estudio para que se incorpore a la directiva comunitaria, conocida como Red Natura 2000. El objetivo es que el alcornocal de Elviria «pueda ser disfrutado por todos y por las generaciones venideras como herencia y legado de una sociedad consciente y respetuosa con el medio ambiente», señaló la organización en nota de prensa.
El colectivo reprochó a «todos los responsables políticos la invisibilidad» a la que, según la asociación, han sometido «la tragedia del Alcornocal del Elviria».
Ecologistas en Acción calificó de incomprensible que se justifique este proyecto urbanístico en base al PGOU de 1986, que se encuentra en vigor tras la suspensión del plan de 2010 a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, considerando urbanizable este paraje y criticó «las apetencias urbanísticas de los propietarios de los suelos, entre ellos, el Ayuntamiento».
