El Gobierno local tomó ayer distancia respecto a la polémica que enfrenta a la concesionaria de Puerto Banús y los comerciantes sobre las condiciones de explotación de los locales de una de las marinas más exclusivas de Europa.
El portavoz municipal, Félix Romero, aseguró que la gestión de Puerto Banús, de 34.000 metros cuadrados de superficie, incumbe a la concesionaria y que el equipo de gobierno «no tiene ninguna reunión prevista (con los comerciantes) ni la han pedido». Aseguró también que el gobierno local está «abierto a sentarse y a establecer cualquier tipo de diálogo» con los comerciantes, pero tienen que ser éstos quienes soliciten la cita.
Romero señaló que la situación en la que se encuentra Puerto Banús -que cuenta con unos 200 locales comerciales, más de cien viviendas, 915 amarres para alojar veleros y súper yates y es el único puerto de Andalucía en el que se pueden atracar embarcaciones de más de 50 metros de eslora- es peculiar ya que «los establecimientos que se encuentran allí están sometidos a una relación con la concesionaria. No es una vía pública normal y al uso. No es exactamente la misma situación que pueda tener cualquier comercio del centro de Marbella o de San Pedro», agregó.
El portavoz municipal aseguró que el Ayuntamiento «ofrece todos sus buenos oficios» para tratar de buscar una solución entre ambas partes ya que, apuntó, «para nosotros es muy interesante que no haya ningún tipo de problemas entre ambos interlocutores».
Romero recordó que las empresas que explotan los puertos de Andalucía se encuentran en negociaciones con la Junta para abordar el futuro de las concesiones, aspecto que «nos limita» para plantear una solución. «A cualquier solución que podamos llegar hablando todos será bueno para todos», añadió.
La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Puerto Banús acusa a la concesionaria de extorsión e imponerles unas condiciones abusivas.
Según los comerciantes, la concesionaria se ha apropiado del derecho de gestión de las calles y terrazas que, aseguran, son propiedad del Ayuntamiento y les obliga a pagar unas cuotas en régimen de mantenimiento del puerto y alquiler de estas zonas que en dos años han aumentado, señalan, un cien por cien. «La concesionaria ha cambiado de forma abusiva el criterio que ha mantenido en los últimos 30 años», apuntan.
