Los vecinos de El Mirador y Trapiche Norte piden al equipo de gobierno que elimine las líneas y torres de alta tensión que discurren por ambas áreas residenciales, ubicadas en la zona norte del municipio.
En un escrito presentado al Ayuntamiento, los presidentes de la asociación de vecinos Trapiche Norte y de la Comunidad de El Mirador, José Antonio Mateo y Enrique Monterroso -exconcejal de IU- piden que el PGOU que redacta el equipo de gobierno contemple un calendario de obligado cumplimiento para ejecutar las actuaciones y los costes financieros y su asignación. Solicitan también que el Ayuntamiento firme un acuerdo para que la empresa concesionaria del suministro eléctrico modernice sus infraestructuras.
Los representantes vecinales recuerdan que el PGOU de 1986, en vigor desde que el Tribunal Supremo anulara el de 2010, contempla la obligación de soterrar las líneas eléctricas, mientras que el Plan de 2010 recogía la necesidad de modernizar este tipo de infraestructuras.
Los representantes vecinales aseguran que sobre la zona norte del municipio sobrevuela una red de alta tensión apoyada en torres en las que se cruzan hasta nueve cables que soportan elevadas cargas eléctricas, con el riesgo físico que conlleva para las viviendas.
«La zona norte de la ciudad soporta una importante servidumbre derivada de su plena integración como casco urbano consolidado que le hace conllevar un ingente tráfico rodado de conexión Norte-Sur de la ciudad así como una densidad poblacional elevada con más de 7.500 personas, varios centros educativos, una subestación eléctrica que presta servicio a todo el municipio, una zona deportiva de uso general así como la estación de autobuses de la ciudad», señalan los representantes vecinales en el comunicado.
El equipo de gobierno anunció a mediados del pasado julio el soterramiento de la línea de alta tensión de las zonas de Xarblanca y Trapiche Norte y la eliminación de la última torreta.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, admitió entonces que este tipo de actuaciones son «complicadas y laboriosas» por el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la concesionaria del suministro eléctrico y por su cuantía económica.
La actuación tuvo un coste de unos 760.000 euros y sirvió para canalizar por el subsuelo cerca de 800 metros de cableado que sobrevolaban dos colegios.
La eliminación del cableado permitió liberalizar 52.000 metros cuadrados de suelo público en la zona norte. Entre esta superficie se encuentra la parcela de 9.000 metros cuadrados que alberga las aulas prefabricadas en las que continúan su formación los alumnos que iniciaron su educación primaria en el colegio Vargas Llosa y que están a la espera de que la Junta de Andalucía construya un instituto en Las Chapas.
