El equipo de gobierno ha adquirido 15 pistolas tipo táser por cerca de 44.000 euros para que la Policía Local haga frente a la pandemia del coronavirus en Marbella.

Según un decreto firmado por el concejal de Hacienda, Félix Romero, los medios técnicos de los que disponen los agentes locales son insuficientes para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El escrito, de seis páginas de extensión, señala que el virus es «altamente contagioso y de muy rápida propagación», lo que obliga a los agentes a extremar las condiciones de contacto con la población, «especialmente con los colectivos vulnerables que les hacen, como consecuencia de sus adicciones y estilos de vida, blancos fáciles a la hora de contraer cualquier tipo de enfermedad y, por tanto, de contraer este virus. Muchos de ellos viven permanente en la calle y con la carencia de las más mínimas condiciones de higiene y sanidad», recoge el decreto.

El escrito apunta que, en ocasiones, los agentes de la Policía Local tienen que entrar en contacto directo con los ciudadanos para obligar al cumplimiento del decreto de estado de alarma en los casos en que es desoído. «No todos los ciudadanos aceptan de buen grado dichas indicaciones, por lo que en esos casos se debe utilizar la coerción para que el cumplimiento sea efectivo», añade. En ese momento, agrega el texto, el agente puede sufrir una lesión física que debilite sus defensas inmunológicas y contagiarse del Covid-19 u otra enfermedad contagiosa.

Este tipo de pistolas, apunta el escrito, permite a la Policía Local reducir a las personas que desoigan las indicaciones eliminando la posibilidad de contagio del agente y las posibles lesiones físicas a los ciudadanos.

Rechazo

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga desaprueba el uso de este tipo de armas paralizantes «con el único fin de neutralizar a personas que, por su situación de vivir en la calle o circunstancias frágiles, se encuentran gravemente desprotegidas».

El colectivo advierte de las «graves consecuencias de estas armas, nada inofensivas» sobre personas con estados físicos y mentales debilitados, ya que «pueden provocar graves lesiones o daños irreparables en la salud».

Pide al Ayuntamiento que no se dote de estas «armas lesivas que atenta a derechos» o que no las utilice, cuanto menos contra colectivos vulnerables.

«Es inaceptable esta criminalización sobre estos colectivos, la población más frágil y excluida socialmente y a los que la propia Administración Pública no ha sabido dar soluciones adecuadas y eficaces a sus necesidades», agrega el Colegio de Trabajo Social, que pide a los gobiernos que prohíban este tipo de armas, como, destaca, ha hecho Alemania.