El concejal socialista de Marbella José Ignacio Macías acusó ayer a la Junta de Andalucía de «opacidad y falta de transparencia» en las contrataciones de los 150 auxiliares que, hasta el 15 de septiembre, garantizarán en las playas de Marbella la seguridad de los bañistas y velarán por el cumplimiento de las medidas de higiene y prevención contra el coronavirus.
Según el edil, el Gobierno regional ha prescindido de «todos los cauces ordinarios que rigen las contrataciones de personal en las administraciones públicas, fuera de procedimientos administrativos o laborales legales y preceptivos, o incluso fuera de los procedimientos del propio Servicio Andaluz de Empleo». A ello se suma, agregó, el «caos organizativo y de funcionamiento de esta nueva plantilla».
Según el concejal, los seleccionados, que han iniciado su actividad esta semana, desconocen el horario, turno o lugar de trabajo en el que tienen que desarrollar sus funciones. Tampoco saben, añadió el edil, las condiciones en las que deben desarrollar su trabajo y no reciben respuesta de la administración.
«A este caos, al que nos tienen acostumbrados ya los gobiernos de la derecha, hay que añadir la falta de control, orden o rigor en las contrataciones, sobre todo en relación al municipio de origen de los vigilantes y el municipio al que han sido destinados», agregó el concejal.
Según el edil, auxiliares de playa de un municipio tienen que desarrollar su actividad en otro distinto, ya que la Junta no consideró la localidad de procedencia de estos trabajadores. «Hay auxiliares de playa que tienen que hacer frente a unos gastos de desplazamientos de unos 400 euros al mes, cosa que sería innecesaria en caso de una buena organización del trabajo y que reduce el sueldo a estas personas después de haber creado unas falsas expectativas», agregó el concejal.
Macías emplazó a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a que informe sobre el número de auxiliares de playa contratados en Marbella y que tienen que realizar sus funciones en otros municipios.
El grupo de Adelante Andalucía en el parlamento andaluz denunció también irregularidades en el proceso de selección de los 3.000 auxiliares de playa contratados por la Junta para el conjunto de los municipios costeros andaluces.
La Junta «ha recurrido a una bolsa -de empleo- residual cuando se sabía de antemano que no había las suficientes personas inscritas, de manera que se tuvo que abrir un plazo de 24 horas sin publicidad previa», señaló el diputado Ismael Sánchez.
El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, respondió que el procedimiento de contratación ha sido «público y transparente, según el procedimiento de emergencia de la Dirección General de Recursos Humanos y de Función Pública».
