La Fiscalía Anticorrupción en Málaga y las defensas del exasesor del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, principal condenado en el caso Malaya; y del exalcalde de Marbella Julián Muñoz llegaron ayer a un acuerdo en ocho causas relacionadas con convenios urbanísticos en Marbella.

El pacto es el resultado de meses de conversaciones entre Anticorrupción, los letrados de los acusados y el Ayuntamiento, según señalaron fuentes judiciales.

El acuerdo conlleva que los acusados admiten su culpabilidad en los hechos y se muestran conformes, mientras que Fiscalía Anticorrupción modifica los delitos por los que inicialmente les acusaba al retirar el de malversación y culpabilizarles de fraude, similar en el ámbito delictivo.

En virtud del acuerdo, Roca y Muñoz serán condenados por un delito de prevaricación a una pena de cinco años de inhabilitación; y por fraude, a seis meses de cárcel.

En las ocho causas se han remitido a las distintas secciones de la Audiencia que iban a juzgarles los escritos conjuntos con las bases de conformidad, a las que también se han llegado con exconcejales que formaban las comisiones de gobierno en las distintas corporaciones del Grupo Independiente Liberal (GIL).

Los procedimientos en los que están acusados Roca, Muñoz y los exediles, una vez se valide el acuerdo, se dan por cerrados y no será necesario celebrar juicio. Sí hay un procedimiento que seguirá para un empresario procesado que deberá ser juzgado al no haber llegado a un acuerdo de conformidad.

Las fuentes judiciales explicaron que quedan pendientes «numerosas» causas por delitos relacionados con el urbanismo en los juzgados de Marbella, pero, apuntaron, habrá que ver qué ocurre con ellas, ya que la práctica totalidad de estas no depende de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuera del acuerdo se ha quedado también la causa de General de Galerías Comerciales, relacionado con el empresario Tomás Olivo.

En otro juicio a finales de noviembre en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, Roca y Muñoz -y ocho exconcejales- reconocieron varios delitos por una causa relacionada con convenios urbanísticos irregulares en Marbella y se mostraron conformes con las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento.

El exasesor se mostró conforme con un delito de fraude con una condena de seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación.

Para el exregidor, el fiscal pidió seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación por fraude; y 12 meses de cárcel y cinco años de inhabilitación por prevaricación urbanística y administrativa.