El equipo de gobierno de Marbella pondrá a la venta siete pisos ubicados en una urbanización de lujo construida en la época del GIL y que el Ayuntamiento legalizó a finales de 2010 a cambio de que la empresa promotora cediera al Consistorio una parcela de 2.200 metros cuadrados de extensión y dos millones de euros, además de las viviendas, que suman 1.000 metros cuadrados de superficie y ocupan toda la primera planta del edificio.

El Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer en pleno, con la abstención de PSOE y Cs y el rechazo de OSP, cambiar la calificación de las viviendas, ubicadas en la urbanización Jardines del Príncipe, de Uso Público a Bienes Patrimoniales y así poderlas vender en una operación con la que confía obtener 2,6 millones de euros para destinar a inversiones públicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó en 2005 una sentencia en la que anulaba la licencia de obra y decretaba el derribo de la construcción. En 2007, el Tribunal desestimó un recurso de casación que presentó la promotora en contra de la sentencia, de tal forma que el fallo pasó a ser firme.

La modificación de la calificación jurídica de las viviendas, que tienen un coste de mantenimiento de 30.000 euros al año, es posible después de la anulación del PGOU de 2010 -que se produjo en 2015- y, con él, del sistema de compensaciones de regularización de inmuebles a través del cual el Ayuntamiento legalizó la urbanización.

En el proceso de normalización, el Consistorio obtuvo «bienes patrimoniales que, si bien eran valiosos, al cabo del tiempo se ha demostrado que no eran nada útiles», señaló el concejal de Hacienda, Félix Romero. «Es fácil comprender que no existe actividad pública alguna que podamos albergar en viviendas de lujo de una urbanización residencial de alto ´standing'», agregó.

La concejala socialista, exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, Isabel Pérez, abogó por que el Ayuntamiento utilice la situación de las viviendas para lograr «el máximo equipamiento público que podamos sacar con ellas». «El destino de las viviendas, aunque estén dentro de Patrimonio Municipal del Suelo, tiene que ir a lograr equipamientos para los vecinos», agregó

El concejal de OSP y exresponsable de Bienes Patrimoniales durante el pasado mandato, Manuel Osorio, aseguró que el valor de las viviendas ronda los 5,5 millones de euros, por lo que, de consumarse la venta, «se despatrimonializaría el Ayuntamiento». «El equipo de gobierno aprueba de esta forma despatrimonializar el Ayuntamiento por menos de la mitad del valor de las viviendas», criticó el edil.