El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha archivado la causa por la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación de diez altos cargos de dirección del PP en organismos autónomos y sociedades del Ayuntamiento entre 2007 y 2015.

El magistrado acuerda, en un auto fechado el 15 de enero y de 13 folios de extensión, el sobreseimiento provisional y archivo de un caso cuyas diligencias se abrieron tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Área de Marbella, que apreció delitos de fraude en la contratación, prevaricación y malversación de caudales públicos y pidió el traslado de la causa al Tribunal Supremo al ser la alcaldesa, Ángeles Muñoz, aforada por su condición de senadora.

El magistrado del Juzgado de Instrucción señala que «en modo alguno puede decirse que las contrataciones realizadas supongan por su propia naturaleza, entidad y efectos, una contradicción patente y grosera del ordenamiento público, desbordando la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, así como una desviación o torcimiento del derecho que permita apreciar ese plan de antijuricidad, ese dolo reduplicado que exige el delito de prevaricación imputado».

En relación al supuesto delito de fraude en la contratación, el magistrado señala que «no ha quedado ni mínimamente acreditado no sólo la existencia de esa connivencia exigida, sino que la contratación se hiciera sin cumplir las exigencias legales (ello en función de lo relatado en la presente resolución), ni que los investigados no efectuaran las funciones que les correspondían como personal de alta dirección (a pesar de las contradicciones de las partes en relación a ello)».

Y sobre el supuesto delito de malversación de caudales públicos, señala que «difícilmente existe elemento alguno para determinar que esas contrataciones obedecieron a un propósito fraudulento a costa del Ayuntamiento».

«El supuesto efectivo perjuicio que se alega, no deriva en gran parte directamente de los contratos, sino de haber prosperado las pretensiones de los trabajadores ante los Juzgados de lo Social», agrega el magistrado en la resolución.

Contra el auto del juez de Primera Instancia cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Málaga.

Los trabajadores cuyas contrataciones se investigan fueron destituidos en 2015, tras el cambio de gobierno del PP por el tripartito formado por PSOE, IU y OSP.

Los empleados denunciaron su destitución y la jurisdicción social declaró los despidos improcedentes y permitió a los trabajadores elegir entre ser indemnizados o readmitidos.

El Gobierno local remitió copia de los expedientes a la Fiscalía para valorar posibles responsabilidades judiciales y presentó la demanda que ahora ha sido archivada en primera instancia.