La batalla contra el narco en las costas andaluzas deja todas las semanas importantes operaciones con decenas de detenidos e imágenes de grandes alijos, pero también situaciones que evidencian la falta de medios y la descoordinación entre las instituciones. Es lo que ocurrió la noche del 13 de junio en la playa Merendero de Marbella, junto al chiringuito Simbad, donde los tripulantes de una narcolancha que previamente había sido detectada por la Guardia Civil se vieron obligados a abandonarla en la orilla, probablemente por un problema mecánico, y darse a la fuga. Poco después, a medianoche, la llamada de una mujer alertando de que varios encapuchados habían dejado una embarcación similar cerca de la Torre Lance de las Cañas, al este de Cabopino, permitió que fuera interceptada por la Guardia Civil, cuyos agentes comprobaron que estaba dotada con tres motores de 350 CV cada uno e instrumentos de navegación que incluían un gran radar.

La embarcación, cuando todavía estaba en la orilla.

Aquí empezaron los problemas. La falta de un acuerdo entre las autoridades para que la lancha fuera trasladada a un depósito obligó a dejarla en la playa, no sin que antes los agentes intentaran inutilizarla mecánicamente. Con la luz del día, la Policía Local de Marbella la retiró a una explanada cercana usada como aparcamiento para que no afectara a los bañistas. En este punto, la goma amaneció al día siguiente sin dos de los motores, el tercero semidesguazado y sin los controles de los mismos ni los instrumentos de navegación

«Esto provoca una gran frustración entre los agentes que luchan diariamente contra el narcotráfico», aseguran desde Jucil, la asociación profesional de la Guardia Civil y cuyas fuentes están convencidas de que los narcos volvieron a la zona del desembarco para recuperar lo más valioso y tras comprobar que la embarcación ni siquiera estaba custodiada. Además, a Jucil le parece «inaudito» que se ordene a los agentes «inutilizar» la narcolancha en el mismo lugar donde se localiza, ya que no hay un protocolo establecido para estas situaciones.  

Fuentes de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, administración de la que dependen los depósitos judiciales, explican que el uso de estas instalaciones están condicionados a la existencia de un auto judicial que así lo ordene, circunstancia que a este diario no le consta, por lo que añaden que mientras esa resolución no exista la custodia del bien incautado correspondería al Ministerio del Interior, que es la institución de la que depende el instituto armado.