El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella retrasa hasta, al menos, la primera mitad de 2022 la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que deberá sustituir al de 1986, en vigor después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el documento de 2010.

El ejecutivo municipal esperará a que la Junta de Andalucía apruebe su norma urbanística, trámite previsto para finales de este año o inicios del próximo, para abordar un procedimiento que inicialmente había fijado para la primera mitad de este año, según explicó ayer la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz.

«Si el Ayuntamiento diera un paso ahora no podríamos hacerlo con la ley (autonómica) que va a nacer, tendríamos que hacerlo con la ley anterior y no serviría toda la tramitación que estamos haciendo. Lo prudente es seguir avanzando y esperar a que la ley esté aprobada», apuntó la regidora, que se reunió con las asociaciones empresariales del municipio.

La postura que adopta ahora el Gobierno local es similar a la que defiende OSP desde inicios de 2020.

La formación sampedreña aboga por gestionar el urbanismo del término municipal a través de modificaciones puntuales en el PGOU de 1986 e iniciar la tramitación del futuro planeamiento una vez que el Gobierno regional haya aprobado la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA).

La Corporación municipal sacó adelante por unanimidad el avance del PGOU en un pleno de extraordinario que celebró en verano de 2020.

Para la redacción del planeamiento, el Ayuntamiento de Marbella ha contratado, por 2,4 millones de euros en pagos plurianuales, un equipo multidisciplinar integrado por técnicos especialistas en Medio Ambiente, Movilidad, Obras e Infraestructuras Públicas o Economía, un asesor jurídico o dos arquitectos con experiencias en trabajos similares y que cuentan con el apoyo de la Delegación de Urbanismo.

El equipo redactor también cuenta desde el inicio de sus actuaciones con una oficina de trabajo ubicada en el centro urbano de Marbella.