El Ayuntamiento de Marbella tendrá que abonar cerca de 4,4 millones de euros en sentencias judiciales vinculadas con el personal municipal.

La Corporación municipal celebra mañana un pleno extraordinario para aprobar las modificaciones presupuestarias para afrontar un pago que en su mayor parte corresponde a sueldos de tramitación -salarios que no se perciben durante el tiempo que transcurre entre que se deja el Ayuntamiento y la reincorporación- de empleados que ganaron en los tribunales el regreso a sus puestos de trabajo en el Consistorio.

Son unas cien sentencias, la mayoría de ellas de contrataciones que se produjeron en 2018, cuando el PP ya había recuperado la alcaldía tras la moción de censura de OSP y a un año de las elecciones municipales de 2019. También hay de 2019 y 2020.

Los fondos para hacer frente a la mayor parte del pago de los fallos judiciales procederán de áreas especialmente sensibles para la recuperación económica y social tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

Para hacer frente al pago se utilizarán, entre otros, fondos de Turismo; ayudas previstas para pymes y trabajadores autónomos; 300.000 euros de programas de formación laboral; o 180.000 euros que el Ayuntamiento anunció que concedería a la asociación Detente y Ayuda para proveer alimentos a familias vulnerables, explicó ayer el concejal del PSOE José Bernal.

«Para pagar cerca del 75 por ciento de la cuantía se le meterán bocados tremendos a áreas sensibles a las que no se tenía que haber recurrido. Es una inmoralidad», apuntó el edil.

«Son 4,4 millones de euros en sentencias que se producen por la mala gestión del PP mientras en el Ayuntamiento se sigue con la escalada de privatizaciones de servicios municipales. Para las privatizaciones no hacen números, pero sí para aquellos a los que más les hacen falta las ayudas», agregó Bernal.

El portavoz municipal, Félix Romero, aseguró que el PSOE cuestiona que el Ayuntamiento abone el pago de las sentencias judiciales y preguntó a Bernal si está en contra de «asumir la legalidad y cumplir las resoluciones de los tribunales».

Según Romero, las modificaciones presupuestarias para hacer frente a las sentencias no comprometerán las políticas sociales ni de formación.

El pago de las sentencias judiciales se suma al plan de ajuste de diez años de duración que tendrá que aplicar el Ayuntamiento y cuyos efectos sobre la plantilla municipal aún no se han concretado y a la sanción al Consistorio por abusar de las horas extraordinarias de los empleados.

El plan de ajuste se hará efectivo tras las elecciones de 2023, según el PSOE

El plan de ajuste al que tendrá que someterse el Ayuntamiento de Marbella durante diez años se ejecutará a partir de 2023, año en el que están previstas las elecciones municipales, según indicó ayer el portavoz municipal del PSOE, José Bernal.

De esta forma, el equipo de gobierno se beneficiará de una «gran moratoria» hasta la cita con las urnas «y después de las elecciones, quien tenga que gestionar el Ayuntamiento se encontrará con una gran traba fiscal», apuntó el concejal socialista.

La aplicación del plan de ajuste se debe a «la nefasta gestión» que, según Bernal, hace el PP del Ayuntamiento y que ha provocado que el Consistorio se haya vuelto a endeudar.

El Ayuntamiento deberá aplicar los recortes, aún por definir, a cambio de acogerse a un mecanismo del Gobierno central para pagar 43 millones de euros en sentencias judiciales.