La declaración de inconstitucionalidad y nulidad por parte del Tribunal Constitucional (TC) de una serie de artículos de la Ley de Haciendas Locales, que establecen un método para calcular el impuesto de plusvalía por asumir que el suelo urbano siempre se revaloriza, deja en el aire la entrada en vigor de los presupuestos municipales de 2022 de Marbella.

La intención del Ejecutivo local es que las cuentas tengan efectividad desde el 1 de enero, pero la sentencia del TC sobre una ley aprobada en 2003 por el Gobierno de José María Aznar puede trastocar los planes de un Ayuntamiento que se prepara para afrontar un plan de ajuste de diez años de duración.

«Los presupuestos tienen que entrar en vigor el día 1 (de enero de 2022). De no ser así, las consecuencias negativas que se tienen con unos presupuestos prorrogados para una ciudad son evidentes», señaló ayer la regidora, Ángeles Muñoz.

Los ingresos en concepto de plusvalías suponen en torno al ocho por ciento del presupuesto del Ayuntamiento, por lo que Muñoz pidió al Gobierno central premura para decidir cómo compensará a las haciendas locales ante la eliminación del tributo.