Un vecino de Marbella no tendrá que pagar la cantidad de 382.000 euros de deudas acumuladas y podrá mantener su vivienda en propiedad, siempre y cuando siga pagando la hipoteca, al cumplir la condición de insolvente para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, pese a que percibe un salario superior a los 2.500 euros.

La decisión ha sido notificada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marbella a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, que ha sido la encargada de ayudarle en este proceso.

Según la asociación y figura en la resolución judicial, el Juzgado acuerda el cese de la administración concursal y «concede el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho a este malagueño».

La entidad destaca que este caso demuestra que la Ley de Segunda Oportunidad «no es solo para personas que carecen de ingresos o desempleados», pues percibe una nómina superior a los 2.500 euros mensuales. Aunque, afirman que la cantidad adeudada le era inasumible, superando las cuotas de los préstamos el 90 por ciento de sus ingresos.

El endeudamiento comenzó en los años inmediatamente posteriores a la crisis de 2008, cuando el particular solicitó más créditos para devolver los ya contratados, lo que originó una cuantía a devolver de casi 400.000 euros.

«Compaginar la gran cuota mensual que había originado con sus gastos familiares era imposible». Por lo que, al dejar de pagar algunos créditos, «las llamadas de recobro empezaron a ser constantes diariamente y las amenazas de embargo sobre su casa le empezaron a afectar incluso a su salud mental».

Tras acudir a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento, formada por abogados y economistas especializados en la Ley de la Segunda Oportunidad, los letrados comprobaron que cumplía los requisitos y aconsejaron al deudor declararse insolvente.

La primera actuación por parte de los abogados fue avisar de la insolvencia a los juzgados de Primera Instancia de Marbella para poder dejar de pagar todas las cuotas de los préstamos y suspender posibles embargos, aunque el préstamo hipotecario debía abonarlo si quería asegurarse mantener su vivienda en propiedad.

El segundo paso fue plantear una propuesta de acuerdo a todos los acreedores, que se plasmó en un documento notarial y fue rechazada por la mayoría, pero «haber dejado constancia de su voluntad por escrito le daba la condición de deudor de buena fe, algo vital en estos procesos», según comentó el letrado.

Ante la falta de acuerdo, se presentó una demanda de concurso de acreedores y se solicitó el derecho del deudor a que se le perdonasen todas sus obligaciones pendientes al Juzgado.