La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este martes que el Gobierno central iniciará las actuaciones para devolver a la legalidad el paseo marítimo de Marbella, construido al margen de la ley por el Ayuntamiento en 1992, entonces gestionado por el GIL.

La ministra ha señalado en una respuesta a una interpelación que le he dirigido la alcaldesa y senadora, Ángeles Muñoz, en la Cámara Alta sobre los proyectos de estabilización del litoral que el Gobierno central actuará de forma subsidiaria -la Administración central impulsará las obras y después trasladará el coste al Ayuntamiento- tras constatar que el Consistorio ha evitado actuar para recuperar la legalidad de uno de los emplazamientos más transitados del municipio. La actuación servirá para cumplir con una sanción de la década de los noventa contra el Ayuntamiento por la construcción ilegal.

«Después de todo este tiempo y sin haber acometido esa remodelación para recuperar la legalidad de ese espacio, lo haremos nosotros», ha señalado la ministra, que ha apelado a la «voluntad» de Muñoz para colaborar en las actuaciones.

«No hay nada mejor que cumplir las normas y velar por el interés general de cara a satisfacer los intereses de los vecinos. Es una buena actuación porque resolveremos un problema que lleva más de 30 años desde su construcción ilegal y que sigue coleando. Nos interesa trabajar juntas desde la legalidad», ha apuntado Ribera, que ha acusado a Muñoz de «querer olvidar» la sanción a la que tiene que hacer frente el Consistorio. La ministra ha apuntado que las actuaciones para devolver el paseo marítimo a la legalidad podría comenzar en verano.

La alcaldesa ha asegurado que la gestión del GIL «es pasado». «¿Cómo va a decir usted que, para regenerar la playa, echará abajo el paseo marítimo? Eso es no entender», ha indicado la alcaldesa, que ha criticado al asesor que ha preparado la intervención de la ministra y del que la regidora ha señalado «que no tiene ni idea de lo que es Marbella». 

«Los que me preparan notas velan por la legalidad y tienen memoria, algo que es muy importante para velar por el interés general», ha respondido la ministra.

El Ayuntamiento empezó a construir el Paseo Marítimo en el verano de 1992 careciendo de autorizaciones, por lo que en septiembre de aquel año se abrió un expediente sancionador contra el Consistorio.

El expediente se resolvió al año siguiente con una multa al Ayuntamiento de 1,2 millones de euros además de la obligación de tener que restituir la legalidad alterada con las actuaciones.

La multa pasó a apremió en diciembre de 1998 después de que el Tribunal Supremo confirmara la resolución sancionadora dictada por el Consejo de Ministros.