El anuncio el martes de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que el Gobierno iniciará las actuaciones para devolver a la legalidad el paseo marítimo de Marbella, una de las zonas de mayor afluencia de turistas, desató ayer las críticas entre el Ejecutivo local, del PP; y el PSOE.

El Gobierno municipal calificó de «amenaza» la propuesta para regularizar los tramos del paseo marítimo que el Ayuntamiento, entonces gestionado por el GIL, construyó sin contar con licencias; mientras que el PSOE pidió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que acepte la propuesta de Ribera de trabajar de forma conjunta «y desde la legalidad» en un proyecto que permitirá también construir espigones para proteger el litoral contra los temporales.

El portavoz del grupo popular, Enrique Rodríguez, señaló que Muñoz acudió el martes al Senado para pedir a Ribera que se comprometiera con el proyecto de los espigones y regresó a Marbella con la «amenaza de tirar el paseo marítimo, que se construyó hace 31 años». «No sólo le da la espalda a Marbella; también quiere castigarnos por algo que pasó hace 31 años», agregó.

Según Rodríguez, la alcaldesa tendió la mano a Ribera para solucionar la situación del litoral del municipio, pero la respuesta que encontró fue «un ataque frontal a la ciudad, en el que no sólo no concretó ni fecha ni presupuesto, sino la amenaza de retirar el paseo marítimo».

El concejal socialista José Bernal pidió a la regidora que acepte «la mano tendida de la ministra para que Gobierno y Ayuntamiento trabajen de forma coordinada y que deje de lado «la confrontación en busca de votos con un asunto tan importante para el futuro del municipio».

«Frente al espectáculo de Muñoz, Ribera abordó el asunto con la seriedad que requiere y explicó que los proyectos para estabilizar las playas están en fase de evaluación ambiental y que el de San Pedro estará listo en breve para licitar las obras», apuntó Bernal.

Ribera anunció en una interpelación de la regidora sobre los proyectos de los espigones que el Gobierno actuará de forma subsidiaria -la Administración central ejecutará las obras y después pasará el coste al Ayuntamiento- para devolver a la legalidad los tramos de paseo marítimo que se encuentran al margen de la ley.

El GIL comenzó en el verano de 1992 las obras de construcción sin autorizaciones, lo que provocó en septiembre de aquel año el inicio de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento.

El expediente se resolvió en 1993 con una multa al Ayuntamiento de 1,2 millones de euros y la obligación de restituir la legalidad alterada con las actuaciones.

El Tribunal Supremo confirmó la resolución sancionadora del Consejo de Ministros y la multa pasó a apremio a finales de 1998.