El pleno de Marbella se opone a las obras para legalizar el paseo marítimo

La Corporación municipal de Marbella ha aprobado este viernes, en el pleno de junio, oponerse al proyecto que impulsa el Gobierno para devolver a la legalidad los tramos de paseo marítimo que el Ayuntamiento, gestionado entonces por el GIL, construyó al margen de la ley en la década de los noventa.

El grupo municipal popular ha incluido en la misma moción pedir al Ejecutivo central que agilice los proyectos de estabilización de las playas de Marbella y San Pedro, una salida para granjearse el apoyo de OSP y Ciudadanos.

Las formaciones sampedreña y naranja se han posicionado sobre las actuaciones para construir los diques frente al litoral del municipio pero han evitado pronunciarse sobre el futuro del paseo marítimo, mientras que el grupo socialista se ha negado a votar, postura que se ha considerado como una abstención.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha defendido la moción, ha asegurado que el Gobierno central contempla «demoliciones» en un tramo de unos cuatro kilómetros de longitud del paseo marítimo que afectarán a suelos hoteleros y de restauración y ha apelado a «razones de interés general» para legalizar la infraestructura sin alterarla.

«Los gobiernos socialistas primero demolieron los espigones y ahora pretenden demoler el paseo marítimo», ha agregado. La regidora ha asegurado que el Ayuntamiento presentó alegaciones al proyecto del Gobierno cuando se expuso de forma pública, en la primavera de 2021, aunque entonces no informó de ellas. 

Críticas entre PP y PSOE ante las obras para legalizar el paseo marítimo de Marbella

Según el concejal socialista José Bernal, el proyecto del Gobierno contempla una «adecuación» para legalizar los tramos ilegales de paseo marítimo y que «ni se va a derribar, ni a tirar abajo, ni a eliminar». «Una parte de esas obras es el retranqueo del saneamiento integral que tendría que hacer la Junta de Andalucía y que Muñoz no lo reivindica porque ahora el PP gobierna en Sevilla», ha apuntado.

El texto del proyecto del Gobierno, cuya inversión ronda los 1,1 millones de euros y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, habla de «remodelación» y de retranquear el paseo marítimo «lo máximo posible» para aumentar la superficie de playa seca.

El texto señala que el retranqueo se hará en zona de dominio público estatal, y no privado, ya que «el coste de las expropiaciones y la recuperación de superficies resultaría económicamente inviable, además de las quejas y molestias a propietarios».

El escrito destaca que el tramo de paseo marítimo construido en mármol y terraza hasta el puerto pesquero de La Bajadilla, que discurre por el centro urbano, se mantiene «en su totalidad» para evitar afectar a una zona de gran interés turístico.