Infraestructuras
Empresarios abogan por devolver el paseo marítimo de Marbella a la legalidad
El CIT pide regularizar los tramos ilegales «por el bien» de los propietarios con intereses en la zona
Uno de los tramos de paseo marítimo que, previsiblemente, se vería afectado por el proyecto. / L.O.
Marcel Vidal
Empresarios vinculados con el sector del turismo abogan por regularizar los tramos de paseo marítimo de Marbella que el Ayuntamiento, entonces gestionado por el GIL, construyó de forma ilegal a principios de la década de los noventa.
Las pymes se muestran también partidarias de que el Ayuntamiento y el Gobierno cooperen para solventar el estado de una de las principales infraestructuras de atracción turística cuya situación ilegal conllevó, a finales de 1998, una multa de 1,2 millones de euros al Consistorio, además de la obligación de restituir la legalidad alterada.
«Nosotros queremos que todo se haga conforme a la legalidad y, por supuesto, que se legalicen todas las situaciones que sean ilegales por el bien de todos los propietarios de alrededor del paseo marítimo y por nuestra playa», ha señalado este miércoles el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT), Juan José González.
El principal responsable de un colectivo que cuenta con cerca de 500 empresas asociadas se ha mostrado «a favor de que las administraciones hablen, se junten, negocien y arreglen lo que haya que arreglar».
González, que acaba de revalidar su cargo por cuarta vez consecutiva y cuenta en su Junta Directiva con, entre otros, el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, el marbellí José Luque, ha señalado que se encuentra estudiando el proyecto que impulsa el Gobierno central para restaurar la legalidad en los tramos irregulares del paseo marítimo.
El proyecto, que cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de unos cuatro meses, contempla aprovechar las zonas de dominio público estatal -y no las privadas- para retranquear los tramos ilegales, ya que «el coste de las expropiaciones y la recuperación de superficies resultaría económicamente inviable, además de las molestias a propietarios».
Además, el tramo de paseo marítimo construido en mármol y terraza hasta el puerto pesquero de La Bajadilla y que discurre por el centro urbano se mantiene «en su totalidad» para evitar afectar a una zona de gran interés turístico.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció a mediados de junio que impulsará la actuación de forma subsidiaria -el Gobierno central ejecutará las obras y trasladará la factura al Ayuntamiento- tras los cerca de 30 años de pasividad del Consistorio para restituir la legalidad alterada en un tramo de paseo marítimo de unos cuatro kilómetros de longitud.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, asegura que el Gobierno contempla «demoliciones» en el frente litoral, mientras el PSOE señala que se trata de una obra de «adecuación» a la legalidad y que «no se va a tirar abajo nada».
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