El Ayuntamiento de Marbella figura como uno de los consistorios de municipio de más de 50.000 habitantes de Andalucía que oculta su contabilidad a la Cámara de Cuentas regional.

El equipo de Gobierno tenía que haber entregado la Cuenta General de 2020 del Ayuntamiento al órgano fiscalizador entre el 1 de noviembre de 2021 y el 15 de mayo de 2022, pero, como también han hecho en la provincia los consistorios de Mijas, Torremolinos y Vélez-Málaga, ha dejado vencer el plazo sin facilitar la documentación. También en la provincia, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Málaga y la Diputación elevaron su contabilidad fuera del plazo previsto. 

El portavoz municipal y delegado de Hacienda, Félix Romero, asegura que el Ayuntamiento rinde cuentas, pero lo hace «de forma extemporánea junto a otros 200 ayuntamientos».

El equipo de Gobierno, según el concejal, se ha encontrado con complejidades contables al reformular las cuentas de una sociedad que se integró en el Ayuntamiento, lo que, señala Romero, ha retrasado la aprobación de la Cuenta General de 2020.

«Nos encontramos en la tesitura de presentar una documentación insuficiente o que no reflejaba la realidad, o bien presentarla fuera de plazo. Hemos preferido terminar esa nueva contabilidad», apunta.

Según Romero, el Gobierno local tiene «prácticamente finiquitada» la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2020 y la aprobación inicial de la de 2021.

«Estaba previsto llevarlas al pleno de julio, pero, probablemente, se llevará al de septiembre. No se pudo llevar al de julio -la Corporación municipal no celebra sesiones plenarias ordinarias en agosto- porque faltaba un informe y Secretaria municipal nos advirtió de esa circunstancia», apunta el edil de Hacienda.

Romero confía en que, una vez solventada la reformulación de la sociedad absorbida, el Consistorio esté en disposición de presentar en los plazos previstos sus contabilidades ante la Cámara de Cuentas de Andalucía.

El ente fiscalizador de Andalucía propone diferentes actuaciones para tratar de mejorar la rendición de cuentas de los entes del sector público de la comunidad autónoma.

Entre ellas, la recomendación de más peso que plantea la Cámara de Cuentas de Andalucía es condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias a la efectiva rendición de la Cuenta General, una demanda que solicita desde hace años.

También reitera su petición de contar con la posibilidad de imponer multas coercitivas cuando se incumpla la obligación o reforzar el asesoramiento que prestan las Diputaciones Provinciales a los consistorios.