El futuro del urbanismo de Marbella, en situación precaria desde que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el Plan General de 2010, afrontará hasta final de año uno de sus momentos más inciertos.

La Corporación municipal aprobará en un pleno extraordinario que celebrará el lunes elevar el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) a los entes estatales de Costas; Ferrocarriles; Medio Ambiente para que se pronuncie sobre la calidad del aire; y Carreteras para que den su dictamen sobre el documento.

Los tres primeros disponen de entre uno y dos meses para comunicar su postura, mientras que Demarcación de Carreteras tendrá hasta tres para pronunciarse sobre el planeamiento que tendrá que sustituir al PGOU de 1986, en vigor desde la anulación del documento de 2010.

El Ayuntamiento confía en contar con el visto buenos de los diferentes informes sectoriales antes de final de año y así tratar de aprobar de forma inicial el PGOM a principios de 2023, pero cualquier informe desfavorable de los entes estatales supondría demorar una tramitación que ya acumula retrasos respecto a las previsiones iniciales del Consistorio.

El objetivo del Ayuntamiento a inicios de mandato era aprobar el PGOM de forma definitiva en los primeros meses de 2023, pero este lunes la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha retrasado la fecha hasta 2024. «Si hay alguna observación la incorporaremos, la cambiaremos o se negocia», ha explicado la alcaldesa.

A la incertidumbre sobre cuál será el sentido de los informes sectoriales de los organismos estatales se suma el hecho de que el de Marbella es el primer PGOM que tramita un ayuntamiento andaluz al amparo de la de la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía (Lista), de carácter autonómico, que entró en vigor a mediados de diciembre de 2021.

El PGOM contempla que las zonas del término municipal definidas como urbanas -aquellas que cuentan con accesos rodados y servicios- aumenten en más de un 25 por ciento al pasar de menos de 40 millones de metros cuadrados a más de 52 millones, mientras que el suelo rústico alcanza los 65 millones de extensión.

«Apostamos por un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, económica y social que garantice la calidad de vida favoreciendo la ciudad de los 15 minutos o de proximidad», ha explicado la alcaldesa.

«Hay que implementar correctores para evitar que los residentes de urbanizaciones que se encuentran aisladas tengan que desplazarse para tener los servicios cerca. Se apuesta por fomentar las actuaciones en los núcleos existentes y favorecer la compacidad urbana», ha agregado.