La polémica por las playas de Marbella marca el reinicio de la actividad política

En enfrentamiento entre el PP y el PSOE ante la situación de las playas del municipio marca el reinicio de la actividad política en el último otoño antes de las elecciones locales de 2023.

La alcaldesa y senadora, Ángeles Muñoz, y sus homólogos del PSOE Víctor González y Estefanía Martín Palop protagonizaron el martes en la Cámara Alta un intercambio de reproches sobre las actuaciones de mejora del litoral, lastrado por los temporales que azotaron el municipio a inicios de año y por el trasiego del primer verano libre de restricciones contra el coronavirus.

Muñoz reclamó al Gobierno central que acometa de forma urgente los proyectos para estabilizar las playas del municipio, actuaciones que, según ella, «llevan cuatro años guardadas en un cajón». 

«El Gobierno socialista demuestra que tiene las competencias, pero no la responsabilidad para ejecutar una actuación esencial para el litoral. Necesitamos un compromiso firme, con plazos, partidas presupuestarias y un calendario de tramitación claro», señaló Muñoz.

Antes del verano, la alcaldesa intervino en la misma Cámara para interpelar a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre la situación de las playas.

El martes volvió a referirse a ella para reprocharle que no haya aceptado la invitación que, durante el verano, le ha remitido el Ayuntamiento para que conozca en persona la situación del litoral. «Vamos a seguir luchando para que se impulse un proyecto esencial para Marbella», apuntó.

La socialista Martín Palop respondió que Muñoz es «como el río Guadiana, viene cuando gobierna el PSOE y se va cuando el PP llega al gobierno».

«Recupera el habla y empieza a reclamar en 2019, cuando el PSOE llega al Gobierno. Durante los siete años anteriores -con el Ejecutivo de Rajoy- era muda», apuntó la senadora socialista.

El senador del PSOE Víctor González destacó que hay dos proyectos en marcha para garantizar la estabilidad de parte de las playas de Marbella y la de San Pedro Alcántara. «Son complejos técnica y medioambientalmente, por lo que requieren de un trabajo concienzudo», señaló.

Ambos proyectos suman una inversión de unos 15 millones de euros. 

PP y PSOE también confrontaron sobre el proyecto del Gobierno central para devolver a la legalidad los tramos irregulares que el Ejecutivo local del GIL construyó de forma irregular a inicios de la década de los noventa.

Muñoz aseguró que las obras supondrán «demoler» parte de la infraestructura, mientras que Martín Palop respondió que «será un retranqueo y no habrá ni expropiaciones ni demolición».