El PP pedirá la concesión del paseo marítimo de Marbella para evitar su remodelación

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado este jueves que el equipo de Gobierno presentará en el pleno de septiembre, que la Corporación municipal celebra el próximo viernes, una propuesta para solicitar al Ejecutivo central la concesión del paseo marítimo de Marbella y así evitar que el Ministerio de Transición Ecológica ejecute las actuaciones para devolver a la legalidad los tramos construidos de forma irregular.

De prosperar la petición, la infraestructura pasaría a manos del Ayuntamiento y permitiría «rechazar la pretensión del Gobierno central de intentar demoler lo que lleva construido 30 años», ha señalado la regidora.

Según Muñoz, la intención del Gobierno central «no es reformar, ni mejorar, ni ampliar el paseo marítimo, sino demoler» una infraestructura por la que, aseguró, el Ayuntamiento paga 2,5 millones de euros a la Administración central.  

El concejal socialista José Bernal ha señalado que, con su iniciativa, Muñoz «sigue buscando la confrontación» con el Gobierno de España y se posiciona «en contra de los intereses generales» de los vecinos de Marbella.

El edil socialista ha calificado de «ocurrencia» la petición de la regidora y advirtió de que, más allá de la Administración a la que competa el paseo marítimo, la situación irregular de parte de la infraestructura permanecerá.

Bernal ha asegurado que en el proyecto que impulsa el Ministerio de Transición Ecológica «no existe ningún tipo de demolición» de ninguna parte de la infraestructura. 

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«Se hará un reordenamiento de algunos tramos cortos para que partes puntuales dejen de estar en la situación irregular en la que se encuentran y que perjudica a privados y al propio Ayuntamiento», ha apuntado.

Bernal ha señalado que el Gobierno central de Mariano Rajoy ya contemplaba un proyecto similar. «Pero entonces nunca escuchamos a Muñoz decir nada. Cuando gobernaba el PP, le parecía bien; ahora, con el PSOE, le parece mal. Su preocupación no es el paseo marítimo, sino electoralista», ha agregado.

La ministra Teresa Ribera anunció a mediados de junio, durante la respuesta a una interpelación que Muñoz le hizo en el Senado, un proyecto con el que restituir la legalidad de los tramos de paseo marítimo que el Ayuntamiento, entonces gobernado por el GIL, construyó de forma irregular a inicios de la década de los 90.

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El Gobierno central inició entonces un expediente sancionador contra el Consistorio que se resolvió en 1993 con una multa al Ayuntamiento de 1,2 millones de euros y la obligación de tener que restituir la legalidad alterada con las actuaciones. El Tribunal Supremo confirmó en 1998 la resolución sancionadora del Consejo de Ministros.