La Corporación local de Marbella ha reclamado este viernes, en la sesión plenaria de octubre, pedir al Gobierno central que el Ayuntamiento perciba cerca de siete millones de euros en multas y decomisos derivados de los casos de corrupción que dilapidaron durante años las arcas municipales y cuentan ya con sentencia firme. 

Entre los casos de los que vendrían los fondos que solicita la Corporación municipal destaca el ‘Malaya’, el mayor episodio de expolio político que sufrió el Consistorio, aunque también figuran los de 'Saqueo I' o 'Saqueo II'.

El pleno ha aprobado por unanimidad solicitar en el Senado al Gobierno central que incorpore una modificación legislativa en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, actualmente en fase de negociación, que permita al Ayuntamiento incorporar el dinero y destinarlo a equipamientos públicos.

Convenios similares entre la Administración central y el Ayuntamiento en 2016 y 2018 han permitido a las arcas municipales recuperar cerca de 3,1 millones de euros.  

«Se trata de un dinero que sale de un saqueo continuado a Marbella y queremos que revierta en Marbella. Tenemos que disponer de esos recursos para que se utilicen para equipamientos o servicios públicos. Todos tenemos que decirle al Gobierno central que ese dinero vuelva a Marbella», ha señalado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

El concejal socialista Javier Porcuna ha recordado que el Gobierno central introdujo modificaciones en el acuerdo con el Ayuntamiento después de que Muñoz cobrara un cheque de 12 millones de euros procedentes de causas judiciales con sentencia firma antes de que entraran en vigor los presupuestos generales, lo que generó un pleito entre ambas administraciones. «Eso fue un error por quererse hacer una foto», ha indicado el edil. 

El concejal de OSP Manuel Osorio ha propuesto que el acuerdo se formule de tal forma que garantice su vigencia más allá del color político del Gobierno central, mientras que la concejala de Cs, María García, ha señalado que «todos tenemos que estar de acuerdo en que el dinero que salió del Ayuntamiento vuelva al Consistorio». 

El Ayuntamiento ha recuperado diferentes bienes vinculados con los casos de corrupción política, entre los que figuran las fincas La Caridad y Siete Corchones -esta última de una extensión de 123.000 metros cuadrados ubicada en la carretera de Istán-, ambas intervenidas al exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento durante los Gobiernos del GIL, Juan Antonio Roca, en el caso ‘Malaya’.

La finca La Caridad, entre San Pedro y Nueva Andalucía, cuenta con una superficie de unos 80.000 metros cuadrados y recientemente ha albergado la feria de San Pedro Alcántara, a la que han acudido cerca de 450.000 personas durante la semana de celebración.