La sombra de la corrupción urbanística regresa a Marbella

Parecía que Marbella comenzaba a dejar atrás los escándalos vinculado al urbanismo que durante años mancharon la imagen del municipio. Pero una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la NOA sueca contra una supuesta red de ciudadanos suecos que habría exportado grandes cantidades de marihuana y hachís desde España a países nórdicos y que lavaba el dinero comprando y alquilando inmuebles de lujo en Marbella ha devuelto al municipio a su etapa más negra.

La sombra política ahora, como entonces, tampoco falta. La actuación policial se ha plasmado en el procesamiento, por parte de la Audiencia Nacional, de 32 personas, entre las que figuran el marido de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, el empresario sueco Lars Gunnar Broberg; su hijasto, Joakim Broberg; y un policía local que formó parte de su escolta.

Agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron en febrero de 2021 el despacho del marido de la alcaldesa, situado en un centro comercial y de negocios de Nueva Andalucía.

Broberg fue detenido, estuvo presente durante el registro y asistido por un letrado de su confianza y, tras la actuación policial, regresó a su domicilio familiar tras quedar en libertad provisional sin medidas cautelares. Las fuentes policiales no precisaron el motivo del arresto e indicaron que el asunto se encontraba bajo secreto sumarial.

El registro se realizó en el marco de una operación que se saldó con la detención de 71 personas entre España y Suecia y que comenzó con la identificación de una empresa de mudanzas sueca con sucursal en el polígono industrial de San Pedro Alcántara que utilizaba los portes para introducir la droga en el país nórdico.

Durante las pesquisas, los agentes, con el apoyo de Europol, interceptaron 310 kilogramos de hachís en el puerto sueco de Trelleborg; u 85 kilogramos de cannabis en Gotemburgo que llegaron ocultos entre unos muebles que procedían de la localidad marbellí.

Ante las sospechas de que la organización preparaba un nuevo envío de droga desde San Pedro al país nórdico –ultimaba una mudanza de 265 kilogramos de hachís-, los agentes procedieron en España y Suecia a la detención de los implicados en la supuesta red y al bloqueo de doce viviendas de los investigados en las provincias de Alicante, Ávila, Granada y Málaga.

Gran parte de los fondos que generaba en Suecia el envío de la droga regresaba a la Costa del Sol a través de inversiones en inmuebles exclusivos de hasta cuatro millones de euros en Alhambra del Golf o Vega del Jaque que la red alquilaba a personas o sociedades del propio entramado.

Los investigadores analizaron más de 100 empresas y accedieron con autorización judicial a varias inmobiliarias, entre ellas la de Broberg; y localizaron y bloquearon 64 inmuebles de lujo y terrenos.

«Con la inversión de los ingentes beneficios de sus actividades ilícitas, influían muy negativamente en el mercado inmobiliario de la zona», señala la Policía Nacional.

El papel de Broberg

Para el juez Manuel García Castellón, existen indicios que acreditarían que el empresario sueco participó «activamente» en la presunta organización criminal y los investigadores le consideran parte del entramado por, supuestamente, facilitar los contactos para las compras de propiedades a los otros implicados y hacerse cargo de la posterior gestión de las escrituras y los contratos de alquiler.

A Broberg se le atribuye haber participado en la operación de compraventa de un inmueble de lujo conocido como ‘la Casa Roja’ por la que se abonaron 129.000 euros y que Joakim tenía en propiedad a nombre de una sociedad gibraltareña. La operación sirvió, supuestamente, para que el hijo del marido de la alcaldesa liquidara deudas derivadas del narcotráfico.

Según el juez, la estructura de la organización criminal estaría compuesta por distintas ramas con nexos entre sus miembros y sitúa a Broberg dentro del grupo dirigido por su hijo. Su centro de operaciones sería una oficina que consta como domicilio social también de empresas de Lars Broberg, un espacio que sería usado como «tapadera para distintos negocios inmobiliarios».

La cantidad de dinero blanqueada por padre e hijo ascendería a 7,3 millones mediante el uso de sociedades pantalla para la compraventa o construcción de casas o la venta de oro y piedras preciosas a cambio de dinero en bancos extranjeros.

El juez de la Audiencia Nacional ha impuesto a Broberg una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pudieran surgir de la causa; y a su hijo, de 27 millones.

El estado de salud del empresario sueco, próximo a los 80 años de edad, ha hecho que el juez detenga su procedimiento sin archivar, a la espera de informes médicos.

Joakim, en libertad provisional, está citado para declarar de forma indagatoria el 17 de noviembre, a partir de las 10.00 horas y por videoconferencia, desde los juzgados de instrucción de Marbella.