El PP se opuso este miércoles a abordar en el Parlamento de Andalucía la trama de presuntos delitos de blanqueo de capitales y narcotráfico que investiga la Audiencia Nacional y en la que están procesados el marido de la alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz, el empresario sueco Lars Broberg; su hijastro Joakim Broberg; y un policía local que formó parte de la escolta de la regidora.

La Mesa del Parlamento, en la que la formación ‘popular’ cuenta con mayoría, vetó una pregunta dirigida a la Consejería de Presidencia en la que el grupo socialista se interesaba por la adjudicación de contratos por importe de 250.000 euros de fondos autonómicos a la empresa del sector de la construcción Codecosol, al frente de la cual el juez sitúa a un hombre de confianza de Joakim Broberg y a la que considera una «tapadera» para, presuntamente, blanquear dinero.

La negativa del órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa autonómica hace que «deba ser grave» la polémica que relaciona la adjudicación de los contratos a la sociedad vinculada a familiares de la regidora, según indicó la portavoz parlamentaria del PSOE de Andalucía, Ángeles Férriz.

«Es una cacicada. El Gobierno andaluz ha vetado una pregunta para que en el Parlamento no se hable de Marbella ¿Qué tiene que tapar Moreno Bonilla (presidente de Andalucía y del PP regional) para volver a cometer la cacicada y que no se hable del escándalo ocurrido en Marbella?», preguntó Férriz, que atribuyó el veto de la Mesa del Parlamento a «órdenes directas de San Telmo», sede del Ejecutivo autonómico.

Para la portavoz socialista, «hay silencios que hablan por sí solos y el silencio de Moreno Bonilla con Marbella es atronador».

«Es un escándalo que afecta a la alcaldesa de Marbella, apadrinada por Moreno Bonilla y Feijóo (presidente del PP nacional). No es un escándalo cualquiera, tiene como epicentro el PP de Málaga, cuna de Bendodo (coordinador general del PP Nacional) y de Moreno Bonilla. La alcaldesa no sabe nada y amenaza a quien quiera saber», agregó.

En opinión de la portavoz socialista, «cada minuto que pasa la alcaldesa en su cargo y de silencio de Juanma Moreno lo hace un minuto más culpable, hace cómplice al presidente de la Junta de Andalucía».

El portavoz del PP andaluz en la Cámara autonómica, Toni Martín, pidió «respeto» a la decisión del órgano de gobierno de la Asamblea Legislativa autonómica y apuntó que «lo que no puede ser es que cuando la Mesa decide cosas que nos interesan es estupenda y si decide cosas que no nos interesan es una cacicada».

Martín señaló que la alcaldesa «ni está imputada por nada ni está siendo investigada por un juez» y planteó si la «cercanía de la entrada en prisión del expresidente de la Junta José Antonio Griñán -condenado por el caso de los ERE- provoca que algunos intenten crear cortinas de humo».

Cinco contratos en cinco años

El Ayuntamiento de Marbella adjudicó entre 2011 y 2015 cinco actuaciones por importe de 640.000 euros a Codecosol, sociedad de un ciudadano sueco procesado, junto a Lars y Joakim Broberg, en la misma causa en la que la Audiencia Nacional investiga una supuesta red de ciudadanos de nacionalidades sueca, alemana y polaca que habría exportado grandes cantidades de hachís y marihuana desde España a países nórdicos.

El juez sitúa al marido de la alcaldesa dentro del grupo dirigido por Joakim Broberg, que, a su vez, formaría parte de la organización criminal.

El magistrado calcula que padre e hijo habrían blanqueado 7,3 millones de euros y ha impuesto al empresario sueco una indemnización de 25 millones de euros.